La seccional santafesina de la Unión Docentes Argentinos (UDA) realizó formalmente una denunció al gobierno provincial ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La denuncia es por “graves prácticas antisindicales” y actitudes “intimidatorias” hacia los trabajadores antes de cada huelga dispuesta por la parte gremial.
“La denuncia es una reacción sindical en defensa de los docentes” que “padecen medidas intimidatorias, carente de todo sustento legal, con circulares previas a medidas de fuerzas”, expresó en un comunicado el abogado de la UDA santafecina, Víctor Bracamonte.
“Esta práctica constituye una flagrante violación del derecho constitucional de huelga (artículo 14 bis de la Constitución Nacional y Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales), así como de los principios fundamentales de la libertad sindical”, agregó.
La presentación formal ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT apunta contra el Gobierno de Santa Fe que encabeza Maximiliano Pullaro, y se realizó “por una serie de prácticas antisindicales que vulneran gravemente los derechos fundamentales de los trabajadores de la educación”.
La UDA argumentó en su presentación que antes de las medidas de fuerza “el Gobierno santafesino exige, de manera compulsiva a los docentes, completar declaraciones juradas de prestación de servicios ante la inminencia de huelgas resueltas orgánicamente”.
Bracamonte explicó que “el salario tiene carácter alimentario y en Santa Fe la mayoría de los docentes se encuentra debajo de la línea de la pobreza” y “el Gobierno diseña una seria de medidas para afectar gravemente la libertad sindical y el derecho a huelga”.
Además, dijo que “denunciamos la vulneración del derecho a la autodeterminación informativa (Ley 25.326 de Protección de Datos Personales)” ya que “la declaración jurada buscaba registrar la adhesión de los trabajadores a medidas gremiales con fines claramente persecutorios”.
“La Unión Docentes Argentinos confía en que el Comité de Libertad Sindical de la OIT tomará debida nota de esta grave situación y exigirá al Gobierno de la Provincia de Santa Fe el cese inmediato de estas prácticas antisindicales””, manifestó el abogado sindical.