El Gobierno nacional oficializó este miércoles la desregulación del mercado de cabotaje marítimo y fluvial mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tiene como objetivo “reactivar la Marina Mercante Nacional, reducir costos logísticos y evitar la desaparición del sector”.

El nuevo “Régimen de excepción de la Marina Mercante Nacional” incluye reformas en las condiciones de operación para buques que transitan aguas argentinas. Entre los cambios más relevantes, se habilita a buques extranjeros a operar con matrícula nacional, se permite a operadores locales usar banderas de conveniencia, y se flexibilizan las exigencias en la conformación de tripulaciones.

Además, se amplía de 30 a 60 días el plazo para que buques internacionales puedan realizar cabotaje dentro del país, y se eliminan restricciones para la inscripción, baja y reparación de embarcaciones en talleres nacionales. El Ejecutivo remarcó que estas medidas se aplican en un contexto de crisis estructural del sector y resultan “indispensables” para restablecer la competitividad y la integración del país al comercio internacional.

En los considerandos del DNU, el Gobierno advierte que el sistema actual genera sobrecostos innecesarios y bloqueos sindicales que obstaculizan el tráfico marítimo comercial. “La Marina Mercante Nacional corre el riesgo cierto de desaparecer”, indica el texto.

Sturzenegger celebró la iniciativa a través de su cuenta en la red X, destacando que el decreto “rescata el espíritu constitucional”, citando el artículo 26 de la Constitución Nacional que garantiza la libertad de navegación en ríos interiores para todas las banderas.

El ministro explicó que, a partir del DNU, por ejemplo, una barcaza paraguaya podrá matricularse en Argentina y operar como buque local, siempre que cuente con al menos un 75% de tripulación argentina o extranjera residente, aunque regidos por las leyes laborales del país de origen del buque.

El decreto tiene también un golpe a los sindicatos, ya que elimina la necesidad de acuerdo con ellos para conformar dotaciones, permitiendo que los armadores y propietarios de las naves, que designen directamente al personal, bajo supervisión de la Prefectura Naval Argentina (PNA), que establecerá la dotación mínima por motivos de seguridad.

Asimismo, el texto declara como “servicio esencial” a la navegación marítima y fluvial destinada al transporte comercial de personas, mercaderías, carga, servicios conexos y operaciones costa afuera.

Con este nuevo marco, el Ejecutivo busca incentivar la inversión, disminuir costos logísticos y dinamizar el comercio entre regiones. “Es insólito que hoy las mercaderías de Tierra del Fuego viajen al continente en camión”, apuntó Sturzenegger al explicar el atraso logístico que se busca revertir.