miércoles, marzo 18, 2026

Cristina busca poner condiciones para su detención domiciliaria aunque la postura de la Fiscalía es diferente

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Tras la confirmación de su condena a seis años de prisión por parte de la Corte Suprema en la causa Vialidad, la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó cumplir la pena en su domicilio actual, sin pasar por una unidad penitenciaria ni utilizar tobillera electrónica.

El pedido fue presentado por sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy ante el Tribunal Oral Federal N°2, en un escrito de 13 páginas. En él, solicitaron que se disponga el arresto domiciliario directo en el departamento ubicado en San José 1111, donde Cristina reside junto a su hija Florencia. La defensa argumentó razones de edad —la ex mandataria tiene 72 años—, su condición de ex presidenta y los riesgos de seguridad derivados del intento de atentado que sufrió en septiembre de 2022.

“El cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria”, afirmaron los letrados, quienes señalaron que alojarla en una cárcel común implicaría un régimen de aislamiento absoluto y vigilancia permanente, medidas que consideran incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos.

Además, solicitaron que no se le imponga tobillera electrónica, al considerar que resulta innecesaria dado que la ex vicepresidenta cuenta con custodia policial permanente.

Mientras tanto, el juez Jorge Gorini, del TOF 2, otorgó cinco días hábiles a todos los condenados para presentarse de manera voluntaria en Comodoro Py. También solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación que identifique lugares adecuados para su alojamiento mientras se resuelven los planteos de las partes.

Por su parte, los fiscales del caso, Diego Luciani y Sergio Mola, pidieron la “inmediata detención” de Cristina Kirchner, cuestionando el plazo concedido por el tribunal, ya que incluye un fin de semana y un feriado nacional.

La discusión ahora queda en manos del TOF 2, que deberá definir si concede el arresto domiciliario o dispone su traslado a una unidad carcelaria mientras avanza la ejecución de la sentencia.

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