La Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad (FATRADIS) expresó su más profunda preocupación y repudio ante la decisión del Poder Ejecutivo de suspender la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793) mediante el Decreto 681/2025.

Por lo pronto, el Gobierno – como una especie de burla hacia el sector -promulgó este lunes por la madrugada la de Emergencia en Discapacidad, pero al mismo tiempo decretó que su aplicación quedará en suspenso hasta que el Congreso asigne partidas específicas para financiarla.

Desde Fatradis consideraron la “maniobra como inédita”, “luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial y la ley fuera promulgada, el Gobierno decidió devolverla al Congreso para demorar su cumplimiento”, indicó el espacio en su comunicado.

Asimismo reiteraron: “Esta maniobra es inédita, inconstitucional y absolutamente nula, según especialistas en derecho constitucional”.

En ese orden, desde Fatradis indicaron que la Constitución Nacional “es clara, una ley aprobada y promulgada debe cumplirse. No existe figura legal que habilite su suspensión por decreto”.

La Federación nacional que incluye en su espacio a los transportistas de Santa Fe nucleados en Atraes indicó que la decisión del gobierno, “desconoce la voluntad popular expresada por el Congreso”.

Además, “se violan derechos adquiridos de personas con discapacidad”. También “se deja a familias, prestadores y beneficiarios completamente a la deriva”.

Por último, “se desatienden del colectivo de discapacidad, que sigue esperando respuestas concretas”, indicaron el comunicado.

Acciones legales en curso

Tras la decisión del gobierno que preside Javier Milei, desde Fatradis señalaron que diputados y organizaciones “ya han iniciado acciones penales por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.

“Si el 4 de octubre la ley no está en plena vigencia, se ampliará la denuncia ante la Justicia”, advirtieron .

“El Gobierno publicó la ley y acto seguido la suspendió. Esta creatividad constitucional del presidente Javier Milei y el ministro Guillermo Francos no es innovación; es violación de la ley”, apuntaron desde fatradis.

Y en ese sentido, trajeron a colación las expresiones del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, “el decreto es nulo de nulidad absoluta e insanable”.

Fatradis, “exige la inmediata aplicación de la Ley 27.793, el respeto por la Constitución Nacional y el cese de maniobras dilatorias que sólo profundizan el abandono”, completó el texto.