El Gobierno nacional oficializó, a través del Decreto 695/2025, el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal encargada de la generación de energía nuclear. La medida contempla la venta de una parte de las acciones a inversores privados y la puesta en marcha de un Programa de Propiedad Participada, aunque el Estado conservará la mayoría accionaria para mantener el control de la compañía.
Actualmente, la participación en NASA se distribuye en un 79 % en manos del Estado, un 20 % bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y un 1 % perteneciente a Energía Argentina S.A. (ENARSA). Con el nuevo esquema, se prevé que el 44 % de las acciones sea ofrecido en una licitación pública, nacional e internacional, mientras que un 5 % se reservará para los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada. De esta manera, el Estado y la CNEA mantendrán el 51 % de las acciones, asegurando el control mayoritario. La disposición incluye además que ENARSA transfiera al Estado el 1 % de su participación en NASA y que la propia Nucleoeléctrica ceda un 0,01 % de sus tenencias en ENARSA.
Desde el Ejecutivo argumentan que la intervención estatal no logró garantizar eficiencia económica y que la incorporación de capital privado permitirá financiar proyectos estratégicos, como la extensión de la vida útil de Atucha I prevista para 2027 y la culminación del sistema de almacenamiento en seco de elementos combustibles para Atucha II. También destacan que esta medida contribuirá a reducir el déficit fiscal y a diversificar riesgos en la gestión de la compañía. En 2023, Nucleoeléctrica recibió transferencias de capital por 700 millones de pesos para sostener inversiones, lo que refuerza —según la visión oficial— la necesidad de sumar socios privados para fortalecer su competitividad.
El decreto subraya que la empresa alcanzó en 2024 un récord histórico de generación con 10,4 millones de MWh y un factor de carga del 73,3 %. Si bien reconoce la capacidad técnica de Nucleoeléctrica, insiste en que para sostener este nivel de producción y encarar nuevas inversiones resulta imprescindible abrir el capital a privados.
El proceso de privatización quedará en manos del Ministerio de Economía y de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que llevarán adelante la licitación bajo los parámetros de la Ley 23.696. La Secretaría de Trabajo, por su parte, evaluará la implementación del Programa de Propiedad Participada y deberá remitir un informe a la Comisión Bicameral del Congreso, en cumplimiento de los requisitos legales establecidos.