Al cumplirse un año de la detención de cinco trabajadores que participaron en la protesta contra la reforma previsional impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro en 2024, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Rosario volvió a reclamar el cierre de la causa judicial y el fin de la criminalización de la protesta social en Santa Fe.
Desde el gremio recordaron el 16 de octubre de 2024 como “una fecha muy triste para la democracia argentina y santafesina”. Ese día, la policía realizó allanamientos violentos en los domicilios de Román González, Franco Casasola, Diego del Castillo, Maximiliano Molina y Daniel Vázquez, quienes fueron detenidos e incomunicados por su participación en la manifestación gremial del mes anterior.
Una movilización que terminó en represión
El 12 de septiembre de 2024, frente a la Legislatura provincial, tuvo lugar una multitudinaria movilización de distintos gremios que rechazaban la reforma previsional aprobada ese mismo día “a las apuradas” por los diputados provinciales. Según ATE Rosario, la normativa significó un fuerte retroceso en derechos laborales conquistados tras años de lucha sindical.
Durante los allanamientos, los efectivos policiales rompieron puertas y secuestraron material gremial, como volantes con la inscripción “Son 30.000”, fichas de afiliación a AMSAFE Rosario y pecheras sindicales, lo que el gremio calificó como una persecución política y sindical manifiesta.
Reclamo por justicia
ATE Rosario denunció además abuso de poder policial, al señalar que los detenidos fueron tratados como “presos de alta peligrosidad” y trasladados al penal de Las Flores en Santa Fe. La rápida reacción de los sindicatos, con una masiva movilización en Plaza San Martín y un paro provincial al día siguiente, logró la liberación de los trabajadores el 17 de octubre.
El gremio destacó el acompañamiento de Norma Ríos, presidenta honoraria de la APDH, y la labor de las abogadas Gabriela Durruty, Julia Giordano y Celina Tidono, del Ceprodh.
A un año de los hechos, ATE Rosario remarcó que la causa no tuvo avances judiciales, a pesar de las presiones políticas. “La denuncia fue presentada por Clara García, presidenta de la Cámara de Diputados, y avalada por el poder político provincial”, afirmaron desde el sindicato.
“Lo que enfrentamos es un nuevo intento de criminalizar la protesta social frente a políticas de ajuste. Reclamamos el inmediato cierre de la causa y llamamos a la más amplia unidad para defender el derecho a manifestarse”, concluyeron desde ATE Rosario.