Un proyecto presentado en el Concejo Municipal de San Lorenzo propone implementar exámenes toxicológicos obligatorios para quienes desempeñen cargos públicos. La iniciativa alcanza a intendentes, secretarios, concejales en funciones, ediles electos antes de asumir y asesores políticos, quienes deberían someterse a controles al inicio de su gestión y luego cada seis meses.

Los estudios contemplan análisis de sangre, orina y cabello con el objetivo de detectar la presencia de sustancias psicoactivas o estupefacientes. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Salud Municipal, que trabajará en articulación con la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario, encargada de supervisar y auditar los procedimientos.

El proyecto prevé que los funcionarios que se encuentren bajo tratamiento médico puedan informarlo de manera anticipada mediante una declaración jurada, garantizando la confidencialidad. En caso de arrojar resultados positivos, la información será estrictamente reservada y solo se comunicará a las áreas administrativas competentes para aplicar las sanciones correspondientes.

A la vez, cuando las pruebas resulten negativas, los informes serán publicados en los portales oficiales del municipio y del Concejo Deliberante, en el marco de una política de transparencia activa.

La propuesta impulsada por el edil socialista Esteban Bassan establece que un examen positivo, o la negativa injustificada a realizarlo, será considerado una falta grave y podrá derivar en sanciones. Además, se contempla la posibilidad de solicitar una contraprueba, cuyo costo deberá ser asumido por el propio funcionario.

“Quienes ejercen funciones públicas deben ser ejemplo de conducta y transparencia. Esta medida no tiene un fin punitivo, sino preventivo, para fortalecer la confianza de la ciudadanía”, señalaron desde el bloque socialista.

El proyecto será discutido en las próximas sesiones y busca abrir un debate más amplio sobre la responsabilidad ética de los representantes políticos.