El Gobierno Nacional anunció la subasta pública de tres predios pertenecientes al disuelto programa PROCREAR, ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, Paraná y Santa Fe, como parte del proceso de liquidación de activos estatales.

La medida fue oficializada este viernes mediante las resoluciones 498, 499 y 500 publicadas en el Boletín Oficial, que disponen la subasta de los terrenos Estación Buenos Aires (CABA), Parque Federal (Santa Fe) y Paraná (Entre Ríos). El procedimiento se realizará de manera electrónica a través del portal COMPR.AR.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el predio Estación Buenos Aires, ubicado en la intersección de Avenida Suárez y Luna, cuenta con una superficie de 2.903,77 metros cuadrados y tendrá un precio base de US$ 2.977.941.

En tanto, el terreno Parque Federal se encuentra en Avenida Belgrano al 5000, entre Padilla y Agustín Delgado, en la ciudad de Santa Fe. Posee una superficie de 6.418,47 metros cuadrados y una base de subasta fijada en US$ 3.649.310,34.

Por su parte, el predio de Paraná está ubicado en Avenida Ejército 2751, entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe, en la capital entrerriana. Cuenta con una superficie de 49.990,56 metros cuadrados y saldrá a subasta con un precio base de US$ 966.187,72.

Las subastas se realizarán con la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo encargado de establecer los valores base de cada inmueble, en cumplimiento de la normativa vigente.

El procedimiento forma parte de la estrategia del Gobierno para ordenar los activos del Estado y permitir que el sector privado retome desarrollos que quedaron inconclusos tras el cierre del programa, con el objetivo de resguardar recursos públicos y garantizar transparencia en el proceso.

Desde el Ejecutivo adelantaron que en las próximas semanas se anunciarán nuevas subastas de inmuebles en distintas localidades del país, a través del Boletín Oficial.

El cierre del programa PROCREAR fue dispuesto luego de un informe de la Sindicatura General de la Nación, que detectó diversas irregularidades, entre ellas demoras en la entrega de viviendas, gastos excesivos, reclamos por condiciones de habitabilidad y la falta de actualización de los manuales de procedimiento.