El presupuesto nacional proyectado para el año 2026 contempla una drástica reducción en el financiamiento del sistema educativo que pone en riesgo pilares fundamentales del sector, según revela un reciente informe del Centro CEPA. El análisis advierte que, de aprobarse el proyecto, se producirán modificaciones estructurales de gravedad institucional, afectando directamente a las universidades, la formación técnica, las becas estudiantiles y el desarrollo científico y tecnológico del país.
Uno de los puntos más críticos se centra en la virtual eliminación del Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional, que sufriría una caída real del 93% en comparación con lo ejecutado en 2023. Esta situación se agrava al observar un vaciamiento progresivo del área, ya que el Gobierno solo prevé ejecutar el 3,5% de dicho fondo para el año 2026. Esta tendencia se enmarca en un ajuste generalizado de la función Educación y Cultura, cuya inversión caería un 47,3% real en el mismo período, consolidando uno de los recortes más profundos del gasto público.
El proyecto de ley también busca introducir cambios legales significativos a través del artículo 30, el cual pretende derogar garantías históricas vigentes por ley. Entre estas se encuentran el propio Fondo de Escuelas Técnicas, la meta de inversión del 6% del PBI para educación y el objetivo del 1% del PBI para ciencia y tecnología. Este debilitamiento del marco legal se suma a la crisis de las universidades nacionales, que enfrentan una baja presupuestaria del 33,8% respecto a 2023, y al desplome de las becas y transferencias estudiantiles, que acumulan un recorte real del 76,6%, afectando de manera directa la permanencia de los alumnos en el sistema.
Finalmente, el sector de ciencia y tecnología no queda exento de este escenario, con una disminución prevista del 48,8% en términos reales frente a los niveles de 2023. Esta reducción presupuestaria debilita los programas de investigación e instituciones clave del área, completando un panorama de ajuste que, según el informe, modifica profundamente las bases del financiamiento público para el conocimiento y la formación profesional en Argentina.