El gasto total del Estado nacional se redujo un 29% durante los primeros años de gestión del presidente Javier Milei, con fuertes recortes en áreas sensibles como salud, ciencia, educación, obra pública y políticas de niñez, mientras que sólo unos pocos rubros registraron aumentos, entre ellos el destinado a inteligencia.

Los datos surgen de un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), que analiza la evolución de la Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN), con información actualizada a diciembre de 2025.

Según el estudio, el ajuste se sintió con mayor intensidad en los ministerios de Salud, Ciencia y Educación, así como en Desarrollo Social e Infraestructura. En varios programas críticos, el desfinanciamiento fue casi total. En Salud, por ejemplo, algunos programas registraron una caída del 100%. En Ciencia, el Conicet acumuló una baja del 32% en dos años y los fondos para investigación se redujeron un 82%. En Educación, programas emblemáticos como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente fueron directamente eliminados, mientras que la formación docente cayó un 75%. En Desarrollo Social, los recortes alcanzaron al 90% en políticas de primera infancia y al 52% en comedores comunitarios. En infraestructura, la obra pública quedó prácticamente paralizada.

En contraste con este escenario de ajuste generalizado, la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), que depende de la Presidencia de la Nación, incrementó su presupuesto en un 52% respecto de 2023. En tanto, los servicios de la deuda pública representan el 8% del gasto total y mantienen un peso significativo dentro de la estructura presupuestaria.

En el detalle por organismos, el Cepa advierte recortes profundos en el sistema de salud: la Superintendencia de Servicios de Salud sufrió una baja del 72%; los hospitales nacionales, entre el 20% y el 42%; el Instituto Malbrán, un 26%; y la ANMAT, un 25%. La Agencia Nacional de Discapacidad registró una reducción del 16%, mientras que el Incucai fue una de las pocas excepciones, con un aumento del 24%.

El ajuste también golpeó de lleno al sector científico y tecnológico, con caídas del 82% en el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación, del 32% en el Conicet, del 34% en el Servicio Meteorológico Nacional y del 25% en el Servicio Geológico Minero Argentino, entre otros organismos.

En materia de Seguridad Social, la ANSES mostró un recorte del 5%, mientras que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el INAES registraron disminuciones del 73%.

Los programas de desarrollo social fueron de los más afectados: la Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social quedaron virtualmente desfinanciados (-100%), el Plan Nacional de Primera Infancia cayó un 90% y los comedores comunitarios y merenderos un 52%.

El informe también señala fuertes recortes en el área productiva e industrial, con caídas del 72% en la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo y del 41% tanto en el INTA como en el INTI. En energía, se registraron ajustes significativos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (-42%), el ENARGAS (-32%) y el ENRE (-13%).

Las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas tampoco escaparon al ajuste: la Policía Federal sufrió una reducción del 31%, Gendarmería y Prefectura Naval del 29%, y las Fuerzas Armadas recortes de entre el 18% y el 22%.

En educación, además de la eliminación de Conectar Igualdad y el incentivo docente, se registraron fuertes caídas en infraestructura escolar, becas estudiantiles y fortalecimiento de jardines infantiles. En salud, varios programas de prevención y atención territorial quedaron prácticamente paralizados, aunque se destaca un leve incremento del 5% en el programa de acceso a medicamentos y tecnología médica.

En transporte y obra pública, la ejecución presupuestaria fue mínima, con recortes de hasta el 100% en infraestructura municipal, rutas, puentes y obras viales. Finalmente, las transferencias del Tesoro Nacional a provincias y municipios también mostraron una fuerte contracción, con caídas de hasta el 100% en algunos fondos específicos.

En conclusión, el Cepa sostiene que la administración nacional atraviesa “una reducción marcada de su ejecución presupuestaria”, que afecta a programas clave de salud, educación, desarrollo social, transporte y obra pública, en un contexto económico complejo, mientras se incrementa el gasto en inteligencia. El informe advierte que la magnitud del ajuste plantea “un escenario de alta preocupación” sobre la continuidad de políticas públicas esenciales.