En el marco del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, protagonizaron una reunión política de fuerte contenido institucional en la que expresaron una postura conjunta frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei.
Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de modernizar la legislación laboral y avanzar en la reducción de los costos derivados de la litigiosidad, una problemática que impacta especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, dejaron en claro que no respaldarán iniciativas que impliquen un recorte de derechos adquiridos ni aquellas que perjudiquen los recursos económicos de las provincias.
Uuno de los principales puntos de conflicto es la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas contemplada en la propuesta oficial. De acuerdo con estimaciones técnicas, la medida podría generar una caída superior a los 3,1 billones de pesos en la masa coparticipable, afectando de manera directa los presupuestos provinciales.
“Es necesario bajar impuestos, pero no los coparticipables”, fue el mensaje que dejaron trascender desde ambos equipos de gobierno. En ese sentido, plantearon que una eventual reforma tributaria debería enfocarse en tributos de carácter nacional, como las retenciones o el impuesto al cheque, y no sobre aquellos recursos que se distribuyen entre las provincias.
Durante el encuentro, Llaryora destacó la importancia de adaptar el marco normativo a las nuevas modalidades laborales vinculadas a la tecnología y la inteligencia artificial, aunque aclaró que los legisladores cordobeses analizarán el proyecto del Ejecutivo nacional “artículo por artículo”, teniendo en cuenta las diferencias existentes incluso dentro de su propio espacio político.
Por su parte, Pullaro reivindicó el modelo productivo del interior del país frente al centralismo porteño y puso al trabajo como eje del desarrollo. “Somos provincias que no esperan planes: lo que piden es trabajo”, afirmó, marcando distancia de una lógica asistencialista.
Finalmente, ambos gobernadores ratificaron la defensa de los festivales populares y de la industria cultural como motores de empleo y dinamización de las economías regionales, en una señal clara de diferenciación frente a la mirada fiscalizadora que impulsa el Gobierno nacional sobre este tipo de eventos.