Las alarmas privadas volvieron a quedar en el centro del debate en la provincia de Santa Fe debido al fuerte impacto que generan sobre el sistema de emergencias 911, al punto de consumir recursos destinados a la atención de situaciones reales.

Solo en la ciudad de Rosario, entre el 1 de enero y el 14 de diciembre de 2025, se registraron 103.910 llamados provenientes de empresas de monitoreo, de los cuales apenas 358 derivaron en alguna novedad confirmada.

La estadística revela que menos del 0,35 por ciento de los avisos activados por alarmas privadas motivaron una intervención efectiva, una tendencia que comenzó a evidenciarse con fuerza en enero de 2025 y se sostuvo durante todo el año. Este escenario encendió las alarmas dentro del Gobierno provincial, que impulsa una ley específica para regular el sector y proteger el funcionamiento del sistema de emergencias.

Cada alerta recibida por el 911 implica, como mínimo, unos 20 minutos de intervención y la participación de dos efectivos policiales. En menos de un año, esta dinámica representó para el Estado un costo superior a los 500 millones de pesos en horas hombre, con la participación de más de 200.000 efectivos, más de 34.600 horas de patrullaje, equivalentes a casi cuatro años de móviles policiales en la calle, y un total de 69.273 horas de trabajo policial que, en su mayoría, no derivaron en la constatación de delitos ni en emergencias reales.

Desde el Ejecutivo provincial aclararon que la iniciativa legislativa no busca desalentar la actividad de las empresas de monitoreo, sino establecer reglas claras de funcionamiento y exigir mayores niveles de responsabilidad. El objetivo es ordenar un escenario que, además de sobrecargar al sistema 911, favorece prácticas irregulares y genera competencia desleal dentro del sector.

Si bien reconocen que existen situaciones que no pueden verificarse en el momento y luego resultan efectivas, las autoridades advierten que una parte significativa de los llamados responde a contingencias domésticas, errores humanos o fallas técnicas de los sistemas de alarma, y no a intentos de robo u otros hechos delictivos. En ese contexto, sostienen que la regulación se vuelve clave para garantizar que los recursos públicos estén disponibles cuando verdaderamente se los necesita.