Este miércoles 4 de febrero se registró un episodio inédito y de extrema tensión frente a la Casa Rosada, cuando un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) se esposó a una de las rejas del edificio gubernamental, vistiendo su uniforme y portando su arma reglamentaria, en señal de protesta. El agente exhibió una serie de reclamos que incluyeron denuncias de presunta corrupción interna y cuestionamientos por los bajos salarios que percibe el personal de la fuerza.

El hecho generó una fuerte preocupación en el ámbito político y de seguridad, mientras el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, mantuvo un llamativo silencio oficial sobre lo ocurrido. La situación reavivó interrogantes sobre el nivel de malestar existente dentro de las fuerzas de seguridad y el posible impacto que este tipo de manifestaciones podría tener en el contexto social actual.

El descontento policial no es nuevo y se replica, con matices, en otras fuerzas armadas y de seguridad. Entre los principales reclamos se encuentran los salarios insuficientes, el deterioro de las condiciones laborales y las falencias en el sistema de atención de la salud. A esto se suma la reciente decisión del Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, de implementar el Sistema de Información Estadística de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (SIEFFSS), que implica mayores cargas administrativas y nuevas tareas para el personal.

Si bien los integrantes de las fuerzas de seguridad no cuentan con derecho a la sindicalización ni a la realización de huelgas, existen antecedentes cercanos de protestas policiales en el país. En 2020, efectivos de la Policía Bonaerense llevaron adelante una protesta salarial que incluyó una concentración frente a la Quinta de Olivos. En 2013, policías provinciales de al menos 20 jurisdicciones realizaron medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales y laborales, con abandono de tareas y toma de edificios públicos, lo que derivó en una ola de saqueos en distintas provincias. Un año antes, en octubre de 2012, agentes de Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, la Armada Argentina y un grupo de policías bonaerenses se movilizaron contra un decreto que implicaba recortes salariales.

El episodio ocurrido frente a la Casa Rosada volvió a poner en agenda un conflicto latente y sensible, en un escenario donde la tensión social y económica sigue siendo un factor de riesgo para la estabilidad institucional.