El Gobierno nacional pidió el retiro del proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil, luego de haberlo enviado ayer al Congreso de la Nación. Unas de las razones centrales fue que el oficialismo incluyó en el dictamen remitido con fijar la edad imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado.

Se esperaba en que en las próximas horas el Ejecutivo remita a Diputados la nueva versión. Aclararon que la decisión radicó en mostrar buena voluntad con los bloques dialoguistas.

El proyecto es muy similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025, con la salvedad que, en esta oportunidad, el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.

En el proyecto original se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete, lo que levantaba la sospecha de que la ley terminara siendo letra muerta.

En la nueva versión, se disponen más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Por otra parte, el proyecto tal como ingresó reduce la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años, mientras que aquel dictamen situaba la edad mínima punible en los 14 años.