Un concejal libertario propuso la derogación de la ordenanza que prohíbe la venta de alcohol entre las 23 y las 8 fuera de los locales habilitados, y la desregulación en la comercialización de bebidas energizantes en la ciudad de Rosario.

La iniciativa fue presentada por el concejal libertario Lautaro Nahime Enríquez, quien sostuvo que “no se encontró evidencia empírica concluyente” que demuestre que la restricción horaria haya generado una reducción sostenida en los índices de violencia o en otras problemáticas sociales asociadas al consumo. A su entender, el foco debería estar puesto en reforzar los controles, especialmente en los barrios más alejados del centro.

Desde el oficialismo, en cambio, advirtieron que avanzar hacia una liberación en la venta implicaría un “retroceso” en el abordaje estatal del tema. Por el momento, el proyecto quedó en estudio dentro de la comisión de Gobierno y no consiguió el consenso necesario para avanzar hacia el recinto.

La normativa vigente, la ordenanza 7.630, fue aprobada en 2004 a partir de una propuesta del entonces concejal y actual diputado nacional Agustín Rossi. La disposición establece una veda para la venta de bebidas alcohólicas entre las 23 y las 8 en comercios como minimercados, almacenes, supermercados y vinerías, permitiendo únicamente el expendio en bares, restaurantes y locales bailables durante ese horario. En el caso de pizzerías y rotiserías, solo se autoriza la modalidad de envío a domicilio.

Con el paso de los años y el cambio en los hábitos de consumo —marcados por las “previas”, las reuniones nocturnas y la proliferación de aplicaciones de delivery— la norma comenzó a generar cuestionamientos. Comerciantes aseguran que su impacto es relativo, ya que la oferta de alcohol puede canalizarse a través de cervecerías con mesas en la vía pública o servicios de cadetería.

En su momento, Rossi había aclarado que el objetivo del proyecto no era resolver el problema del alcoholismo, sino “ordenar la noche en Rosario” y garantizar el cumplimiento de la prohibición de venta a menores.

Ahora, más de dos décadas después de su sanción, la continuidad de la ordenanza vuelve a ser eje de discusión en el Palacio Vasallo, en un debate que enfrenta posturas sobre el rol del Estado en la regulación del consumo y la convivencia urbana.