La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, expuso el pasado 9 de abril su Informe de Gestión 2025 ante la Legislatura provincial, donde combinó definiciones institucionales con datos estadísticos para describir un escenario en cambio: una baja en los homicidios, pero con nuevas formas de violencia, especialmente entre jóvenes.

“Este es un acto republicano fundamental de rendición de cuentas”, señaló al inicio de su presentación, en referencia al marco que otorga la reciente reforma constitucional que consolidó la autonomía del organismo. A partir de allí, desarrolló un diagnóstico centrado en la transformación del fenómeno de la violencia en la provincia.

Descenso de homicidios y focos territoriales

Según los datos difundidos, en 2025 se registraron 210 homicidios dolosos, lo que representa una tasa de 5,7 cada 100.000 habitantes, uno de los niveles más bajos de los últimos años. No obstante, Vranicich advirtió que la problemática persiste y mantiene una fuerte concentración geográfica.

En ese sentido, el departamento Rosario acumuló 115 crímenes, más de la mitad del total provincial. Allí, además, el fenómeno aparece estrechamente vinculado a economías ilegales: seis de cada diez homicidios estuvieron relacionados con organizaciones criminales.

La violencia armada sigue siendo predominante. El informe indica que el 70,5% de los asesinatos se cometieron con armas de fuego —porcentaje que asciende al 81,7% en Rosario—, y que durante el año se contabilizaron 855 personas heridas por disparos.

Preocupación por la violencia juvenil

Uno de los ejes más destacados del discurso fue el crecimiento de hechos violentos protagonizados por adolescentes. La fiscal puso el foco en este fenómeno al mencionar el crimen de Ian Cabrera, un joven de 13 años asesinado en la escuela Moreno de San Cristóbal.

“Hoy, en el contexto en el que nos encontramos, son las violencias juveniles las que se imponen en el centro del debate público”, afirmó.

El informe refleja así un escenario complejo: mientras los indicadores de violencia letal muestran una mejora, emergen nuevas dinámicas que plantean desafíos distintos para el sistema judicial y las políticas de seguridad.