El Gobierno de la Provincia de Santa Fe brindó este lunes una conferencia de prensa para sentar una postura firme ante la ola de amenazas y falsas alarmas que afectaron a instituciones educativas en los últimos días. La vocera gubernamental, Virginia Coudannes, junto a los ministros José Goity (Educación) y Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad), brindaron detalles sobre el impacto de estas conductas y las acciones legales que se iniciaron.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, reveló una cifra alarmante: “Tan solo el viernes pasado atendimos 65 incidencias de amenazas vinculadas a escuelas en todo el territorio provincial”. Ante este escenario, el funcionario aseguró que el Estado aborda la problemática con la “mayor seriedad” y advirtió sobre las graves consecuencias a largo plazo.

Consecuencias legales y económicas

Cococcioni enfatizó que estos hechos no quedarán impunes y que las repercusiones afectarán el futuro de los involucrados. “Hay consecuencias que tal vez no se advierten al inicio, pero que luego impiden obtener certificados de buena conducta, viajar al exterior o derivan en la institucionalización de los menores”, explicó.

El costo de cada operativo ronda los 6 millones de pesos, los cuales, en caso de corroborarse un responsable por el delito de amenazas o intimidación pública, correrán judicialmente por parte del denunciado y, en caso de ser menor, de su familia.

“Se sumaron situaciones de amenazas que tienen que ver con retos virales de TickTock, son graves porque alteran el funcionamiento de las escuelas, llevan intranquilidad y generan angustias, alteran toda la vida cotidiana de la sociedad”, advirtió con preocupación el ministro José Goity.