Finalizada la primera auditoria a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, se decidió avanzar con una serie de medidas y reducciones de personal.

El Gobierno Nacional anunció que desde el mes de mayo, se quitarán algunos requerimientos en lo que hace al registro documental de los automotores en el país. Uno de ellos es la eliminación de la cédula azul, el documento que otorgaba permiso para circular con un auto propiedad de otra persona.

A partir de este quinto mes del año, solo será requerida la cédula verde, física o digital, la cual a su vez también dejará de tener vencimiento.

Estas medidas surgen de una auditoría realizada por la nueva gestión del Ministerio de Justicia sobre la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA). El objetivo de la misma tiende a reducir costos y eliminar trámites burocrácticos.

De ese modo, el Gobierno anunció el cierre del 40% de los Registros del Automor, “comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años”. También se dictaminó que los mismos deberán hacerse cargo del 100% de su costo operativo, “adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad”, afirmaron.

A su vez, habrá una reducción del 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, promoviendo retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. En ese sentido, se aplicará un nuevo régimen de concursos para evitar la contratación directa de familiares de los propietarios de los registros y sus empleados.

También se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor, por el cual no se tendrá que informar la venta de los vehículos a la AFIP.

En sintonía, se promoverá a “digitalizar la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos”, y “se propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia”.