El Gobierno Nacional, en busca de dar un guiño al sector gastrónomico a través de la estrecha relación que mantienen con Luis Barrionuevo, titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Argentina, busca implementar la obligatoriedad de la propina dentro de las facturas que se emiten en los bares y restaurantes.

El monto sería entre un 14% y 18% del total de la compra realizada en el establecimiento, porcentaje que se deduciría en la factura emitida, y que posteriormente, según la propuesta que habrían acordado el sindicalista con Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, sería abonada al mozo o moza que tomó el servicio.

Sin lugar a dudas sería una noticia que, de alguna manera, significaría un gran avance en materia de derechos laborales para uno de los sectores de la economía más castigados por la informalidad, inclusive si se habla de locales tradicionales, pequeños, o grandes franquicias.

De igual modo, la implementación de este tipo de medidas y que se efectivicen en mejoras salariales para los trabajadores de la gastronomía también será un desafío sindical, más aún con las desregulaciones que el mismo Gobierno Nacional implementó a través del DNU y que, en cierto modo, benefician al empleador en cuanto a sanciones, aun cuando éste no haya reglamentado las condiciones laborales exigidas por los convenios gremiales.

Argentina nunca tuvo una medida que haga obligatorio el pago de las propinas. Habitualmente, se considera que el 10% del total de lo pedido es una retribución mínimamente correcta para el mozo por el trabajo realizado. Por supuesto que es una costumbre, ya que hay quienes dejan, siempre en efectivo, más dinero, y algunos algo menos.

Brasil es el único país de la región donde existe una carga extra del 10% que se efectiviza en la factura, en concepto de servicio, y la cual queda para el salario del mozo.