Las razones por las que investigan al presidente de Bunge Argentina
Una Cámara Federal le dio por segunda vez la razón a la fiscal María Schianni y ordenó que de una vez por todas se eleve a juicio la causa por evasión contra el presidente de Bunge.
Las razones por las que investigan al presidente de Bunge Argentina
Desde Tancacha, la máxima autoridad de Bunge habría operado con dos empresas fantasma.
La filial argentina de la empresa Bunge tiene su sede fiscal en Tancacha, provincia de Córdoba. Desde allí, coordina las operaciones vinculadas al transporte y procesamiento de granos.
A partir de una denuncia de la AFIP, la Justicia Federal de Villa María comenzó a investigar desde el año de 2019, una serie de operaciones consistentes en facturar a empresas fantasmas con el fin de evadir impuestos.
Para tener una idea de cómo eran esas operaciones, Bunge Argentina SA contrató para el transporte de granos a una empresa que no tenía ni un solo camión.
Se trata de Porte SRL, cuyo domicilio fiscal era, en realidad, una casa de familia, donde no había ni un cartel que indicara que allí funcionaba una empresa.
Además, cuando la fiscal federal de Villa María profundizó la investigación, pudo constatar que el 34% de los vehículos informados para transportar granos no eran camiones, sino autos particulares o utilitarios.
Otra de las empresas sospechadas de ser en realidad una usina de facturaciones “truchas” es Lemos, Lobbestein y Asociados SA, que en los papeles posee una planta de acopio ubicada en Cacharí, provincia de Buenos Aires.
Cuando llegaron al domicilio de la supuesta empresa, vieron un predio con instalaciones viejas en el que no había señales de actividad alguna.
Les preguntaron por otros clientes que acopiaban cereales en el lugar, además de Bunge, y el listado fue revelador: se trataba de una nómina de empresas que están en una base de datos de AFIP, denominada e-Apoc, que son precisamente los contribuyentes apócrifos.
Otro dato que llamó la atención es que las cuentas bancarias de ambas empresas estaban casi en cero, dado que cada vez que desde Bunge depositaban dinero por algún supuesto servicio, se retiraba en caja casi la totalidad.
En definitiva, de la investigación efectuada en Villa María, surge que durante los ejercicios fiscales de los años 2011, 2012 y 2013 la firma Bunge Argentina, habría disimulado la real situación patrimonial con el objeto de disminuir su carga impositiva.
Mediante tales maniobras, habrían provocado un perjuicio fiscal que asciende a la suma de $8.269.169,91.
Por estas razones es que la fiscal pidió al juez federal Roque Ramón Rebak -ya jubilado-, el procesamiento del presidente de Bunge Argentina, Plácido Enrique Humanes.
Y allí comenzó un derrotero que llevó el expediente dos veces a una Cámara de Apelaciones, donde confirmaron que Humanes debe ser investigado por “evasión tributaria agravada” por la utilización de facturas truchas.
Derrotero judicial
La denuncia de AFIP por evasión se presentó en marzo de 2019, y en diciembre de ese año la fiscal pidió el procesamiento. El juez no coincidió con el criterio y dispuso primero el 19 de diciembre de ese año, y luego, en septiembre del siguiente “la falta de mérito”, por entender que no había pruebas suficientes contra el presidente de la empresa.
La resolución de Rebak no se fundó en el cuestionamiento de los hechos corroborados por la fiscal, sino que entendió que no está probada la responsabilidad de Humanes en ese ilícito.
Schianni insistió con su postura y elevó el tema a la Cámara Federal de Apelaciones, donde habilitaron que se siga investigando. Fue el 1 de junio de 2021.
La causa siguió, se recolectaron más medidas de prueba y en agosto del año pasado, Schianni volvió a pedir el procesamiento de Humanes. La respuesta del juez fue la misma: no tiene mérito suficiente para ser juzgado.
La fiscal tuvo que recurrir una vez más a la Cámara Federal de Apelaciones, en esta oportunidad, con un escrito del que también participó el fiscal Carlos Gonella. Otra vez le dieron la razón y ordenaron que procese al presidente de Bunge Argentina y que el juez realice todas las acciones necesarias para elevar a juicio la causa.
Ahora, la defensa fue a Casación, por lo que el trámite sigue abierto.