El Gobierno Nacional ha decidido realizar una exhaustiva auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, lo que podría resultar en la eliminación de entre 120.000 y 160.000 de estos beneficios en los próximos meses. Esta medida responde a la detección de numerosas irregularidades en la concesión de las pensiones, con el fin de asegurar que solo aquellos que realmente lo necesiten sigan recibiendo este apoyo del Estado.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), junto con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, inició el proceso de revisión sobre aproximadamente 400.000 beneficiarios, comenzando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y extendiéndose luego a la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país. Según las estimaciones de la ANDIS, entre el 30% y 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión de los haberes otorgados por la ANSES.
Las decisiones de suspensión se basan en la identificación de irregularidades, como la presentación de documentación médica falsificada, el uso de una misma radiografía en varios expedientes, y casos en los que se otorgaron pensiones a personas sin las condiciones de invalidez laboral necesarias. Además, se detectaron incompatibilidades significativas en alrededor del 35% de las pensiones, como la posesión de bienes no declarados, empleo formal y condiciones médicas que no justifican la invalidez.
Las personas más afectadas por esta medida serán aquellas que actualmente reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral sin cumplir con los requisitos legales. Este beneficio está destinado a quienes no pueden trabajar y carecen de otros ingresos. Los principales afectados incluyen beneficiarios con condiciones de salud no justificadas, aquellos con bienes significativos o empleo formal, y quienes hayan presentado documentación sospechosa o fraudulenta.
Para solicitar una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, los requisitos son:
- No recibir otros ingresos del Estado.
- No tener empleo formal.
- Contar con ingresos insuficientes.
- Ser ciudadano argentino o residente con más de 10 años de antigüedad en el país.
- No estar privado de libertad.
El monto de esta pensión equivale al 70% de la jubilación mínima. En agosto de 2024, este valor era de $157.878, con un aumento previsto a $164.240 en septiembre.
La auditoría ya comenzó en Buenos Aires y se extenderá a otras regiones del país. Paralelamente, se han iniciado denuncias penales para investigar y sancionar a los responsables de las irregularidades. El Director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, subrayó que el objetivo es depurar el sistema de pensiones, asegurando que los recursos del Estado se destinen a quienes realmente lo necesitan.