En una megacausa federal, la Justicia ordenó una serie de allanamientos a 33 cooperativas de todo el territorio nacional, procedimientos encabezados por personal de la Policía Federal Argentina.

Las tareas investigativas fueron impulsadas por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6 a cargo de Carlos Rívolo y encomendadas a la División Lavados de Activos, tras detectar que la mayoría de las cooperativas beneficiadas, no poseían capacidad operativa, recursos humanos, logística, ni espacio edilicio para la fabricación de las prendas.

El objetivo fue encontrar documentación que esté vinculada a la causa, ya que se investiga una defraudación al Estado, a través del entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por una cifra de cinco mil millones de pesos.

Este dinero habría sido otorgado a cooperativas de trabajo para la confección de un millón y medio de guardapolvos. Los mismos, según la investigación federal, nunca fueron entregados, hasta se investigan casos donde ni siquiera se elaboraron.

Con la información obtenida por la PFA, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 a cargo de Julián Ercolini, Secretaría N° 22 de María Laura Charnis, ordenó un total 33 allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Misiones y Entre Ríos, donde se logró secuestrar gran cantidad de documentación de interés vinculada con la causa.