La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció graves irregularidades en el procedimiento licitatorio para la concesión de obra pública por peaje en la Vía Navegable Troncal (VNT) —más conocida como Hidrovía—, a cargo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. En su dictamen, emitido en el marco del Expediente PIA n.º 126/2022, el fiscal nacional Sergio Leonardo Rodríguez y el auxiliar fiscal Esteban Luis Venditti subrayaron la “trascendencia de la Vía Navegable Troncal para el desarrollo de la economía de la República Argentina, su relevancia estratégica y su función clave para el comercio regional e internacional”​.

Entre las principales observaciones, el dictamen al que accedió la Agencia Noticias Argentinas advirtió sobre la “inexistencia de estudios de impacto ambiental actualizados” y la falta de cumplimiento de las disposiciones del artículo 10 del Anexo II del Decreto 713/2024, que requería la intervención del Ministerio de Economía para la aprobación de los pliegos de bases y condiciones​.

Además, la PIA recibió denuncias por parte de potenciales oferentes que señalaron “un posible direccionamiento hacia la empresa que actualmente realiza el dragado de la vía troncal”​. Esta situación, también observada por un grupo de diputados nacionales, afecta directamente los principios de “igualdad, transparencia y concurrencia”, que deben regir los procedimientos de selección de contratistas del Estado​.

El organismo fue tajante al advertir que los errores en la elaboración de los pliegos podrían tener consecuencias graves: “Los errores u omisiones en las cláusulas de los pliegos pueden conducir a un procedimiento y una adjudicación pasibles de reproches administrativos o incluso penales”​.

La PIA ya había intervenido en la Licitación Pública de Etapa Múltiple n.º 13/2021 para el dragado de la vía navegable troncal, en la que observó “diversas irregularidades durante el desarrollo del procedimiento” y propuso una serie de recomendaciones para evitar que estas situaciones se repitieran​.

Finalmente, el dictamen instó a la Agencia Nacional de Puertos a garantizar que el proceso licitatorio se ajuste a los principios de “juridicidad, razonabilidad, transparencia y publicidad”, y destacó que “toda contratación debe subordinarse a estos principios, que no solo emanan del ordenamiento jurídico interno, sino también de compromisos internacionales asumidos por el país”​.

Fuente: Noticias Argentinas