En el comienzo de la semana posterior al caso de estafa con criptomonedas que involucró directamente al presidente Javier Milei con la promoción del activo $LIBRA en la tarde noche del viernes, el poder legislativo empieza a vislumbrar sus reacciones y sus denuncias contra la máxima autoridad del Ejecutivo.

Desde el bloque de Unión por la Patria, la principal oposición al gobierno nacional, confirmaron que desde la Cámara de Diputados se buscará impulsar el pedido de juicio político, principalmente por violar la Ley de Ética Pública por promocionar un negocio privado desde su función pública. 

Allí se hace hincapié en la participación del presidente en una “megaestafa”, justificado en las pruebas y denuncias que se hacen sobre su figura y el conocimiento que tenía de las partes involucradas, los denominados “founders” e impulsores de esta criptomoneda. 

Por otro lado, en la cámara alta, un sector del radicalismo propone una postura más moderada y buscan crear una “comisión investigadora” para que en un plazo de 180 días se defina qué tipo de regularidades existieron. 

Cabe destacar que sí se reconoce, en este bloque, que el presidente infringió en sus deberes como funcionario público.

Esta “comisión investigadora” recabaría información, testimonios, y documentos que justifiquen la postura delictiva en la que tuvo participación el presidente. Desde allí, se definirán las sanciones.