El desencadenante de la extensión de la Huelga Nacional Aceitera fue el inusual y desproporcionado operativo que llevó adelante la Prefectura Naval Argentina en las afueras de la empresa Explora, en Puerto San Martín.

Trabajadores pertenecientes al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo denunciaron un desmedido accionar de las fuerzas federales en la activación del “protocolo antipiquetes”, método utilizado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich e impulsado por diputados del PRO oriundos de Rosario para la actuación oficial en caso de posibles “bloqueos a empresas”.

En ese contexto se produjo el avance de las fuerzas de seguridad sobre los trabajadores aceiteros que ejercían su derecho a la protesta sin bloquear el acceso a la terminal de biodiesel ubicada en Puerto San Martín. 

“Somos 25 empleados nada más, hay más de 80 efectivos. Somos trabajadores, no tienen por qué reprimirnos”, reconoció un empleado aceitero.

Esta situación deja en evidencia la pésima implementación de este “protocolo”, pensado para problemáticas que no ocurren en la región, y cuya ineficiencia sale carísimo no solo para bienestar general de los vecinos, de los trabajadores y de las empresas, sino también para las arcas de los estados municipales y nacionales que deben solventar mediante convenios la presencia de las fuerzas federales, preparadas para otra finalidad y llevadas a un terreno “beligerante” por capricho exclusivo del Gobierno. 

Este jueves se extenderá el paro nacional a lo largo y ancho de gran parte de las terminales agroexporadoras del Cordón Industrial. La medida comenzó con la decisión de la empresa Vicentín de pagar apenas el 30% de lo correspondiente a los sueldos del mes de febrero.