Este martes, la Cámara de Diputados de la Nación abrirá el debate en comisión sobre el proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil, una iniciativa impulsada por el gobierno nacional que busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establecer un nuevo régimen de sanciones para menores de edad.
El tratamiento tendrá lugar a partir de las 16 horas en un plenario de comisiones convocado por la presidenta de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO). Participarán también las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto y Hacienda, presididas por Manuel Quintar (La Libertad Avanza), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (La Libertad Avanza), respectivamente.
La propuesta cuenta con el respaldo de los bloques oficialistas, así como del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y algunos sectores de Encuentro Federal. En contraste, el proyecto es rechazado de forma contundente por Unión por la Patria, la izquierda, diversas organizaciones de Derechos Humanos y también por referentes de la Iglesia Católica.
“Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”, advirtió monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, quien el domingo se sumó al rechazo.
El objetivo del oficialismo es lograr este martes la firma del dictamen de mayoría, con la intención de llevar el proyecto al recinto antes de fin de mes, según confirmaron fuentes parlamentarias.
Aunque en un primer momento el Ejecutivo barajó la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad a 13 años en casos de delitos graves, el consenso parlamentario actual apunta a establecerla en 14 años. Esta propuesta es impulsada, entre otros, por el diputado Ramiro Gutiérrez (UxP), quien integra un sector más dialoguista dentro del peronismo.
El texto del proyecto establece que los menores no podrán recibir penas de prisión perpetua y que la condena máxima será de 20 años, incluso en casos donde la sumatoria de delitos supere esa escala. Además, prevé un sistema orientado a la resocialización que incluye programas educativos, deportivos, de formación ciudadana y tratamientos médicos si se requiere.
También se contempla la creación de una nueva figura institucional: el supervisor, quien tendrá el rol de acompañar a los jóvenes infractores durante su proceso de rehabilitación y reintegración.
El proyecto establece que una vez cumplidos dos tercios de la pena, se podrá solicitar su revisión para acceder a un régimen domiciliario. Además, plantea otras modalidades para cumplir condenas, como institutos abiertos o especializados en menores.
En los casos de delitos menos graves, se podrán aplicar sanciones alternativas como servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño, restricciones de acercamiento a la víctima y programas de seguimiento en libertad.
El debate sobre esta reforma comenzó el año pasado con siete reuniones de comisión y tuvo continuidad en marzo de este año con dos nuevos encuentros previos al tratamiento del acuerdo con el FMI. La discusión sigue abierta y promete dividir aguas dentro del Congreso y de la sociedad.