Este próximo jueves 10 de julio, el Senado de la Nación trataría la ley de emergencia en Discapacidad que ya cuenta con media sanción de la Cámara baja del Congreso Nacional
En ese sentido en Rosario se organizó una manifestación frente al Concejo Municipal (Córdoba 501) y mediante pantalla gigante seguir la sesión parlamentaria
Un amplio abanico de sectores que trabajan con personas con discapacidad se concentraran desde las 11 horas, entre ellas instituciones nucleadas en Apridis, Transportistas que son parte de Atraes, profesionales, trabajadores del sector, familiares y personas con discapacidad, entre tantos otros
En ese orden, Pablo Bolego, presidente de Atraes indicó que la Ley de Emergencia en Discapacidad, “es una cuestión de Derechos Humanos y Supervivencia”. Y en las manos de los senadores nacionales, “una responsabilidad histórica”
Como se dijo, la iniciativa que pertenece al diputado Daniel Arroyo ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, “no es un mero trámite legislativo; es el grito de auxilio de miles de personas con discapacidad y sus familias, que hoy ven sus derechos más básicos seriamente amenazados”, advirtió Bolego
Un Camino de Lucha y Desafíos
Asimismo, el presidente de Atraes agregó que “el camino hasta aquí no ha sido fácil. Durante años, las organizaciones de la sociedad civil, las familias y los prestadores de servicios hemos advertido sobre la fragilidad de un sistema que, a pesar de estar amparado por leyes nacionales como la N° 22.431/81 y la N° 24.901/97, ha sido constantemente desfinanciado y desatendido”. “La falta de actualización de aranceles, los retrasos crónicos en los pagos a los prestadores y la ausencia de una política pública integral han llevado al sector a una situación límite”, alertó el transportista
En ese marco, la Ley de Emergencia en Discapacidad “surge como una respuesta urgente a esta crisis”, agregó
Cabe indicar que el objetivo principal de la ley es regularizar los pagos adeudados, actualizar los aranceles de los prestadores y fortalecer el sistema de pensiones no contributivas, entre otros puntos cruciales. “Es un intento de poner un freno a la precarización y garantizar la continuidad de las prestaciones que son vitales para la calidad de vida de las personas con discapacidad”, dijo Bolego
La Amenaza de la Vulneración de Derechos y la Ruptura del Sistema
Ahora bien, en caso de aprobarse la ley “la preocupación es palpable, persisten las señales de que el gobierno podría vetar la ley, lo que significaría un golpe devastador para todo el sistema”, adelantó el referente del sector de discapacidad
“La vulneración de derechos ya es una realidad cotidiana: falta de prestadores transportistas para cubrir la demanda, terapias interrumpidas, falta de acceso a medicamentos, centros de día al borde del cierre. Todo esto, sumado a la incertidumbre sobre el futuro, genera una angustia inmensa en las familias”, narró Bolego como una cruda realidad que vive el sector
Datos alarmantes
Desde diciembre de 2024, los aranceles que el Estado paga a los prestadores de servicios para personas con discapacidad se encuentran congelados, acumulando un desfase del 73% en relación a la inflación.
Esta brecha es insostenible y afecta directamente a miles de personas con discapacidad y sus familias, que dependen de terapias, transporte, educación y atención diaria. ¿Cómo se espera que se sostenga la atención a las personas con discapacidad frente a este desfase?
Para Bolego: “La posible ruptura del sistema único de prestaciones básicas es el escenario más temido”. Este sistema se financia a través de diversas fuentes. Para el caso de las obras sociales sindicales y prepagas, el financiamiento proviene del Fondo Solidario de Redistribución. Por otro lado, PAMI, la obra social más grande de América Latina, también contribuye al financiamiento, contando incluso con un superávit. En tercer lugar, se encuentra el Programa Federal INCLUIR SALUD destinado a personas con discapacidad cuyos tutores no cuentan con empleo formal, y que se nutre de fondos fijados por el gobierno nacional a través de su presupuesto. Finalmente, las obras sociales provinciales, como el Iapos “en nuestro caso”, un ente autárquico, también deben garantizar el acceso a las personas con discapacidad al sistema único de prestaciones básicas. “Si no se garantiza la sostenibilidad de estas fuentes y se permite que la crisis se profundice, corremos el riesgo de desmantelar años de avances y dejar a miles de personas sin la cobertura y el apoyo que necesitan para vivir con dignidad.”, apuntó Bolego
“Desde nuestra perspectiva, la Ley de Emergencia en Discapacidad no es un gasto, es una inversión en derechos humanos. Es el reconocimiento de que las personas con discapacidad no buscan asistencia pasiva, sino políticas públicas que garanticen su plena inclusión y participación en la sociedad. Hacemos un llamado urgente a los senadores y senadoras a que actúen con responsabilidad y humanidad, y aprueben esta ley que es fundamental para el presente y el futuro de la discapacidad en Argentina”, completó
LA VOZ DE LAS INSTITUCIONES
Mariel Chapero, Presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para personas con Discapacidad (Apridis) expresó que la movilización de este jueves frente al Concejo Municipal se da en el marco de que será posiblemente tratada la ley de emergencia en discapacidad en el senado de la nación. Asimismo, plantear respuestas para el sector de los estados municipal y provincial
“Se está convocando frente al Concejo Municipal para solicitar respuestas urgentes para la crisis enorme, profunda, sin precedentes que atraviesa el sector. También necesitamos que el gobierno municipal y provincial confirmen medidas de alivio para prestadoras y la urgencia es que se apruebe la ley de emergencia en discapacidad”, explicó Chapero