El miércoles 23 de julio, la ciudad de Paraná fue sede de un nuevo encuentro en vistas a la futura licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay. Representantes del sector público y privado participaron de una jornada en la que se abordaron los desafíos y oportunidades de la vía navegable troncal, en vísperas de una nueva licitación para el dragado y balizamiento prevista para fin de este año.

Uno de los temas centrales fue la posibilidad de modificar el artículo 7º del reglamento vigente desde 1992, que limita las dimensiones de los convoyes fluviales. La propuesta, impulsada por el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFyM), busca ampliar la capacidad de transporte mediante barcazas de mayor tamaño, lo que permitiría reemplazar el equivalente a casi 700 camiones por cada convoy de 16 barcazas, optimizando la logística regional.

Actualmente, el reglamento establece un tope de 290 metros de eslora y 50 de manga para los convoyes. Sin embargo, empresarios del sector aseguran que los avances tecnológicos y la renovación de la flota permiten operar de forma segura con embarcaciones más grandes. La iniciativa es respaldada por técnicos de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, que ven en la hidrovía una herramienta clave para multiplicar exportaciones hacia Europa, Medio Oriente y Oceanía.

El evento contó con la presencia del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en lo que se interpretó como un gesto de respaldo a la participación de las provincias en las decisiones sobre la hidrovía. También participó Iñaki Arreseygor, titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, acompañado por técnicos de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), que supervisarán el proceso de consultas y redacción de los pliegos.

Uno de los debates más sensibles fue la duración de la futura concesión. Mientras algunos sectores proponen un contrato de 30 años, otros consideran ese plazo excesivo y sugieren reducirlo a 20, con un esquema de riesgo empresario: la compañía ganadora invertiría en la obra y recuperaría lo invertido mediante el cobro de peajes.

También se discutió una tarifa progresiva, atada al avance de las etapas de profundización del canal, que actualmente se encuentra en 32 pies y podría alcanzar los 40. “Es fundamental lograr una tarifa que garantice la continuidad de las obras y fortalezca la competitividad del comercio exterior argentino”, afirmaron los organizadores en un comunicado.

El aspecto ambiental no fue dejado de lado: se analizaron estrategias para minimizar el impacto del dragado y garantizar la preservación del ecosistema natural de la vía navegable. Aunque no hubo definiciones concretas, se mencionó la necesidad de establecer zonas de sobrepaso y radas de espera como parte de la planificación.

Tras el encuentro, Arreseygor se comprometió a continuar con las rondas de consultas con todos los actores del ecosistema fluvial. El objetivo: tener todo listo hacia fin de año para una licitación millonaria que permita avanzar hacia una hidrovía más moderna, eficiente y sustentable.