Una nutrida manifestación tuvo lugar este martes por la mañana en el centro de la ciudad de San Lorenzo, donde instituciones de la sociedad civil y gran parte del espectro político local rechazó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad promulgada por el Congreso de la Nación y desestimada por el presidente Javier Milei.

Debido al “aumento del 6% del gasto primario” que señala el gobierno nacional y que es contrario al objetivo de déficit cero que promueve el Estado para mantener el rumbo de la economía, el gobierno vetó este fin de semana esta ley que establecía no solo la emergencia en discapacidad por dos años, si no también una regularización de pagos, actualización de aranceles para los prestadores de servicios, reforma del sistema de pensiones no contributivas, un refuerzo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cumplimiento con el cupo laboral para personas con discapacidad.

Así, este martes se concentró una importante cantidad de personas representando a instituciones que prestan servicios para personas con discapacidad, principales afectados por esta decisión del gobierno, como también concejales de la ciudad de San Lorenzo y de otras localidades del Cordón Industrial. 

“Estamos esperando que por favor se vuelva a tratar este veto en el Congreso. La ley ajustaba el nomenclador de prestaciones básicas por discapacidad que desde noviembre del año pasado no tiene aumentos, también había cambios en las prestaciones y pensiones, los talleres protegidos. Se garantizaban los derechos que se estaban perdiendo”, explicó Camila Di Paolo, de “Accionar: Mesa por las Discapacidades”.

Una pensión por invalidez es al día de hoy el 70% de una jubilación mínima: unos 191 mil pesos. 

El Congreso deberá rectificar en ambas Cámaras, con mayoría de dos tercios, la sanción de esta ley. De confirmarse el veto, perdera estado parlamentario y deberá volver a su periplo legislativo. 

En la sesión convocada para este miércoles, el rechazo al veto ya quedó fuera del temario.