La Cámara de Diputados le propinó un duro golpe al gobierno de Javier Milei al rechazar, por una amplia mayoría de 138 votos negativos contra 65 afirmativos y 2 abstenciones, el Decreto de Facultades Delegadas 461/25. Esta normativa, que había sido impulsada en el marco de la Ley de Bases y Puntos de Partida, contemplaba una profunda reestructuración del área de Transporte, con el objetivo, según los considerandos oficiales, de reducir el sobredimensionamiento del Estado y disminuir el déficit fiscal.

El decreto, ahora derogado, proponía la disolución de organismos clave como la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el ente encargado de gestionar las obras públicas en rutas nacionales.

El Gobierno argumentaba que la estructura actual de Vialidad resultaba ineficiente, con altos costos operativos, falta de agilidad y una desproporción entre personal administrativo y operativo. Por ese motivo, se planteaba redistribuir sus funciones, como la planificación de obras, elaboración de pliegos y controles de gestión, a distintas unidades del Ministerio de Economía.

Otra de las decisiones más cuestionadas era la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), con la justificación de que sus funciones podían ser absorbidas por otras dependencias estatales, principalmente la Gendarmería Nacional, que asumiría el control y la fiscalización en rutas nacionales. El resto de las competencias pasaban a la órbita de la Secretaría de Transporte.

El decreto también modificaba el rol de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que sería reemplazada por un nuevo ente denominado “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”. Esta nueva institución absorbería, además, las competencias de fiscalización vial que antes estaban bajo la órbita de Vialidad. En paralelo, la Junta de Seguridad en el Transporte se transformaría en la “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, centrando su labor exclusivamente en el sector aéreo, lo que implicaba la eliminación o reasignación de sus funciones relacionadas con los modos ferroviario, automotor y marítimo.