En el sector de personas que trabajan en discapacidad, hace rato que se vive en una situación de incertidumbre extrema y sin saber si se pueden seguir desenvolviendo las distintas tareas que se desempeñan. Ahora, desde la llegada del gobierno de Javier Milei, todo se agravó.

Puntualmente el sector de transportistas ha comenzado con suspensiones programadas del servicio. La decisión no es puntualmente tomada como una medida de fuerza, sino que la “desesperación del sector” ha llevado a estas instancias.

En el plano local, Pablo Bolego , presidente de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe (ATRAES), ha expresado su profunda preocupación: “Veníamos advirtiendo sobre esta situación. Sabíamos que podía suceder, ya que desde diciembre del 2023, cuando asume esta gestión, teníamos un arancel de 272 pesos y un combustible a 328, y hoy nos encontramos con un arancel de 541 pesos frente a un combustible que está superando los 1500 pesos.”

Las expresiones del transportista reflejan la frustración de un sector que ha alertado repetidamente sobre la “insostenibilidad”, de la situación, sin obtener respuestas concretas por parte de las autoridades.

Sobre las suspensiones programadas del servicio, los transportistas en el plano nacional han señalado en un comunicado que, “se encuentran en una situación crítica, con una suspensión programada, aunque aleatoria, que afecta directamente la calidad de vida y el acceso a derechos fundamentales de miles de individuos”

“Esta medida, si bien no es una acción orgánica orquestada por una entidad única, es una realidad ineludible impulsada por la desesperación de los transportistas ante la falta de adecuación arancelaria y el constante aumento de los costos operativos”, agregaron.

En este contexto, explicaron que, desde diciembre de 2024, el nomenclador que establece los aranceles para estos servicios “no ha sido actualizado, generando un desfasaje económico insostenible”.

Los transportistas, que dedican su labor a un sector tan sensible de la sociedad, se ven ahogados por el incremento sostenido del combustible, principal insumo para el desarrollo de su actividad. “Este escenario ha llevado a una implosión del sistema que, hasta ahora, garantizaba el derecho a la movilidad y el acceso a tratamientos y terapias para las personas con discapacidad en Argentina”, indicaron los transportistas.

Ahora bien, “quienes realizamos esta actividad somos plenamente conscientes del drama que estas medidas provocan. Sabemos el impacto directo en la vida de las personas con discapacidad y sus familias, quienes dependen de este servicio para su integración social, educativa y de salud. La suspensión de los servicios no es una decisión tomada a la ligera, sino una consecuencia directa de la imposibilidad de mantener la operatividad bajo las condiciones económicas actuales”, completaron .