El Gobierno de Javier Milei profundizó su política de ajuste fiscal al vetar en su totalidad la Ley de Emergencia Pediátrica para el Hospital Garrahan, una decisión que se suma al rechazo completo de la Ley de Financiamiento Universitario. Ambas medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial y se fundamentan en la necesidad de preservar el equilibrio de las cuentas públicas y evitar lo que la administración libertaria define como “un aumento desmedido e irresponsable del gasto”.

Mientras tanto, la Casa Rosada mantiene en suspenso la definición sobre la Ley de Redistribución Automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), clave para los gobernadores, cuya resolución se conocerá recién el viernes a última hora. La demora ocurre en un contexto de replanteo de la estrategia política del oficialismo tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y en medio de la búsqueda de un nuevo canal de diálogo con las provincias. Según pudo saber Noticias Argentinas, el veto a la normativa del Garrahan y la indefinición en torno a los ATN generaron una fuerte inquietud en los mandatarios provinciales.

El decreto que veta la Ley de Emergencia Pediátrica lleva la firma de Milei y de todo su gabinete. Allí se advierte que la aplicación de la norma hubiera significado un gasto directo estimado en más de 115 mil millones de pesos para recomponer salarios, lo que —según el Ejecutivo— habría obligado a reasignar recursos del propio Ministerio de Salud y de fondos reservados para contingencias sanitarias, provocando la desfinanciación de programas en curso. El Gobierno incluso comparó ese monto con un tercio del calendario nacional de vacunas o con tres veces el presupuesto destinado a la cobertura de enfermedades como VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales. En el mismo sentido, argumentó que la iniciativa carecía de financiamiento genuino, generaba distorsiones salariales, comprometía programas esenciales, erosionaba la coparticipación y ponía en riesgo la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las provincias.

Los vetos al Garrahan y a la ley universitaria llegan en un momento sensible para el oficialismo. Tras la derrota en Buenos Aires, el Gobierno busca recomponer su relación con los gobernadores. Guillermo Francos fue designado para encabezar una nueva mesa de diálogo con los mandatarios aliados, mientras que la llegada de Lisandro Catalán al Ministerio del Interior fue leída como una señal hacia las provincias. Sin embargo, desde la alianza de Provincias Unidas advierten que esperan gestos concretos de negociación y aseguran sentirse fortalecidos por su unidad.

En este escenario, la posibilidad de que Milei también vete la ley de ATN genera incertidumbre y amenaza con complicar cualquier intento de acuerdo. El Presidente, por su parte, insiste en que no dará marcha atrás en su plan económico y reafirmó a través de X que no se moverá “ni un milímetro” de los pilares de su gestión: equilibrio fiscal, control monetario estricto, continuidad de las metas cambiarias acordadas con el FMI y profundización de la desregulación de la economía.