Tras el golpe electoral en la provincia de Buenos Aires, en medio de los escándalos judiciales y la volatilidad cambiaria, el oficialismo enfrenta otra semana clave en el Congreso. La oposición se prepara para insistir con la reversión de tres vetos firmados por Javier Milei: el de financiamiento universitario, la Ley Garrahan y la norma impulsada por gobernadores para modificar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En la Cámara de Diputados, el presidente del cuerpo, Martín Menem, convocó a la sesión pedida para este miércoles con el objetivo de volver a tratar los proyectos sobre Garrahan y universidades. Los bloques opositores confían en tener número suficiente para rechazar los vetos, mientras que el oficialismo depende nuevamente del respaldo de aliados y gobernadores, que en las últimas semanas endurecieron su postura frente al Gobierno nacional.

El escenario es complejo: a principios de mes el Congreso ya había derribado el primer veto de Milei, el de la ley de Emergencia en Discapacidad, que ahora está lista para ser promulgada. En un intento por revertir la situación, este lunes el Ejecutivo distribuyó $12.500 millones en ATN a las provincias de Entre Ríos, Chaco, Santa Fe y Misiones y, durante la presentación del Presupuesto, anunció incrementos en partidas para universidades y salud. Sin embargo, para el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estas medidas son insuficientes. En un comunicado emitido anoche advirtieron que la iniciativa “consolida el ajuste sobre el sistema universitario”.

La Ley de Emergencia Pediátrica y de Residencias, conocida como Ley Garrahan, había recibido media sanción en Diputados con 159 votos afirmativos, 67 en contra y 4 abstenciones. La ley de Financiamiento Universitario, que actualiza gastos de funcionamiento y sueldos, obtuvo 158 votos positivos, 75 negativos y 5 abstenciones. Ambas normas superaron los dos tercios, pero ese cálculo se hace sobre los presentes que votan, por lo que las ausencias y abstenciones en la nueva sesión serán determinantes. En la primera votación, 26 diputados faltaron en el caso de Garrahan y 18 en el de Universidades, en su mayoría legisladores vinculados a gobernadores o aliados ocasionales del oficialismo, cuya posición ahora es una incógnita.

En paralelo, el Senado prevé tratar el jueves la ley que busca automatizar y coparticipar el envío de los ATN a las provincias, también vetada la semana pasada. Con el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, el Gobierno jugó fuerte para intentar seducir a los mandatarios provinciales y evitar una nueva derrota. En ese marco, liberó los $12.500 millones en ATN, de los cuales $3.000 millones fueron para Entre Ríos, $2.500 millones para Chaco, $4.000 millones para Misiones y $3.000 millones para Santa Fe, distritos cuyos senadores habían acompañado la iniciativa original.

En la Cámara alta, Unión por la Patria cuenta con 34 votos firmes y necesita llegar a 48 si asisten los 72 senadores para rechazar el veto. La incógnita es si el oficialismo logrará quebrar a otros bloques opositores. El temario aún no está cerrado, pero podría incluir otros proyectos pendientes como la Ley Nicolás, orientada a mejorar la atención de los pacientes y las condiciones laborales de los profesionales de la salud; una iniciativa para la detección temprana de la Atrofia Muscular Espinal (AME); y propuestas del salteño Juan Carlos Romero, aliado del Gobierno, para crear un registro nacional de personas extraviadas y desaparecidas y darle rango de ley al protocolo “Alerta Sofía”.