Este miércoles se llevan a cabo 24 allanamientos en San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Puerto San Martín, Serodino, Rosario y Puerto Gaboto. La banda que comercializaba droga era liderada por dos hombres que están presos y que impartían órdenes desde la cárcel. También se investiga presunta participación de la Asociación de Taxis de San Lorenzo.

Mediante una investigación de la Justicia Federal que lleva aproximadamente dos años, se logró identificar el accionar de una organización narco que operaba en las principales localidades del cordón industrial. En el mismo contexto, fueron allanados efectivos de Prefectura Naval Argentina, implicados como presuntos encubridores de la organización delictiva, a quienes filtraban información confidencial. También investigan la posible participación de la Asociación de Taxis de San Lorenzo. 

La Unidad Fiscal Rosario y la sede Descentralizada San Lorenzo del Ministerio Público Fiscal, en un trabajo coordinado por fiscal de Distrito Javier Arzubi Calvo y los fiscales Matías Scilabra, Franco Benetti y Claudio Kishimoto, solicitaron al Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros, de Rosario, una serie de allanamientos, requisas y detenciones contra una organización criminal dedicada al narcotráfico en San Lorenzo y distintas localidades del cordón industrial.

Desde las 6 de la mañana de este miércoles se llevaban a cabo 24 allanamientos en inmuebles de todo el cordón industrial: 11 en San Lorenzo, 6 en Capitán Bermúdez, 1 en Puerto General San Martín, 2 en Serodino, 3 en Rosario y 1 en Puerto Gaboto.

La pesquisa, que se prolongó por más de dos años, reveló una estructura jerárquica y persistente, con capacidad de operar incluso desde las cárceles federales. Los líderes de esta red delictiva fueron identificados como J.M. y R.A.V., aun cuando ambos cumplen condenas previas.

La investigación detectó una posible connivencia de personal de la Prefectura Naval Argentina, lo que permitió sostener las maniobras ilegales durante un tiempo prolongado. Por el momento los prefectos no fueron detenidos, pero se les secuestró el celular para continuar con las pesquisas. 

También se logró establecer que algunos miembros de la banda tenían contactos con la Asociación de Taxis de San Lorenzo, lo que reforzó la capacidad de protección de la organización.

Según fuentes de la investigación, la organización distribuía cocaína y marihuana bajo una modalidad organizada, con funciones asignadas y hasta esquemas de “delivery” de droga. Sus organizadores impartían directivas desde la cárcel a través de llamadas telefónicas y audios, en los que fijaba precios, ordenaba compras y controlaba vendedores. Las ganancias eran canalizadas a través de familiares y allegados, con operaciones financieras en dólares.

El requerimiento de los fiscales incluye más de 25 investigados, entre familiares de los líderes, vendedores y personal de seguridad sospechado de colaborar. Hubo secuestro de estupefacientes, dinero y vehículos. Se ordenó la detención de los principales involucrados para su indagatoria.

El caso pone en evidencia la capacidad de organizaciones criminales para mantener operaciones desde el sistema penitenciario, la necesidad de fortalecer controles sobre fuerzas de seguridad ante posibles actos de corrupción y la consolidación de redes familiares que sostienen la logística del narcotráfico en la región.

Fuente: Rosario 3