domingo, octubre 26, 2025

El Gobierno nacional eliminó 71 regulaciones comerciales que controlaban precios

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La Secretaría de Industria y Comercio explicó que las normas derogadas “habilitaban controles de precios abusivos, exigían información sin fines específicos y regulaban programas ya discontinuados, como Precios Justos, la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas”.

La medida quedó oficializada a través de la Resolución 357/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Allí se suprimen 27 disposiciones complementarias de la Ley de Abastecimiento, ya eliminada al inicio de la actual gestión, muchas de las cuales tenían más de 50 años de vigencia y “representaban trabas burocráticas en las relaciones de consumo”.

Entre las normativas dadas de baja se encontraban aquellas que obligaban a empresas de insumos para la construcción a producir al máximo de su capacidad; pedían información a productores y comercializadores de algodón; establecían mecanismos de regulación de precios; intervenían en la distribución de gasoil, distorsionando los valores finales; y fijaban precios máximos en el marco de la pandemia de COVID-19, entre otras.

Además, se derogaron 24 disposiciones vinculadas al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), un organismo ya disuelto, y 20 normas asociadas a programas desarticulados como “El Mercado en tu Barrio”, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y la Ley de Góndolas.

Desde el Ministerio de Economía destacaron que esta medida “reduce la carga administrativa para las empresas y simplifica el marco regulatorio, suprimiendo normas que generan distorsiones de precios y alteran las relaciones comerciales”.

Estas derogaciones se suman a más de 170 disposiciones eliminadas por la Secretaría de Comercio desde el inicio de la gestión, con el propósito de “disminuir las trabas burocráticas y fomentar la libre competencia”.

En el mismo sentido, ya se habían eliminado licencias automáticas y no automáticas, el SIRA y el DJCP, que implicaban costos por USD 5 millones y un millón de declaraciones juradas al año, así como programas de control interno como Precios Cuidados y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades.

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