Se avecina una semana intensa en el Congreso. En la Cámara Alta, el oficialismo y la oposición volverán a enfrentarse por los vetos presidenciales. El Senado buscará insistir con la Ley de Emergencia para el Hospital Garrahan y la Ley de Financiamiento Universitario, normas que Javier Milei rechazó y que ya cuentan con el aval de Diputados.
La clave estará en la sesión que se definirá tras la reunión de Labor Parlamentaria prevista para hoy a las 18.30. Todo indica que ambas iniciativas reunirán los dos tercios necesarios, lo que las convertirá en ley definitiva. La incógnita pasa ahora por la reacción del Presidente: ¿volverá a enviar los textos al Congreso, como hizo con la Emergencia en Discapacidad?
Si eso ocurre, la oposición tendría más argumentos para avanzar con la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien acusan de incumplir la Ley de Discapacidad por la falta de fondos y de violar la Constitución. Se trataría de un procedimiento inédito en la historia parlamentaria argentina.
Diputados va contra los DNU
En la Cámara Baja, aunque no habrá sesión esta semana, la actividad estará centrada en las comisiones. Los diputados de Asuntos Constitucionales (presidida por Nicolás Mayoraz) y de Peticiones, Poderes y Reglamento (liderada por Silvia Lospennato) dictaminarán sobre los proyectos que buscan modificar la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia.
A diferencia del Senado, donde la oposición se unificó detrás de un único texto, en Diputados persisten diferencias entre los bloques dialoguistas. Si no logran consensuar, la estrategia quedará debilitada: cuando Milei vete la ley, algo que en la oposición dan por descontado, difícilmente alcancen los dos tercios para insistir. Si prospera, los cambios supondrán un fuerte golpe para el Gobierno, que hasta ahora se apoyó en DNU y vetos para sostener su agenda.
La jornada también tendrá otro foco de tensión: la reunión de la Comisión $LIBRA, que encabeza Maximiliano Ferraro. Hoy vence el plazo para que Karina Milei asista a declarar por la causa que investiga la creación y disolución de la Unidad de Trabajo de Investigación (UTI). La secretaria general de la Presidencia no respondió hasta ahora y, de no presentarse, la oposición anticipó que pedirá a la Justicia su comparecencia por la fuerza pública.
La decisión se tomó tras las reiteradas ausencias del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y de María Florencia Zicavo, exresponsable de la UTI. Será el juez Julián Ercolini quien deberá autorizar un eventual traslado compulsivo.