Tras meses de parálisis, el Senado volvió a poner en agenda el proyecto que busca combatir la ludopatía y las ciberapuestas, una problemática que afecta a miles de adolescentes y jóvenes en todo el país. La iniciativa, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, restringe al máximo la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y apuestas en línea.

El plenario de comisiones del Senado retomó la discusión el pasado 1° de octubre, luego de un prolongado estancamiento impulsado, según fuentes legislativas, por la presión del lobby empresarial y las tensiones internas dentro del interbloque peronista que preside José Mayans. Esas disputas —alentadas por sectores de La Cámpora— habrían sido determinantes para reactivar el debate, en un intento por incomodar a un empresario de peso en el rubro, indicaron a la agencia Noticias Argentinas distintas fuentes parlamentarias.

Reunión preliminar y próximas definiciones

A mediados de la semana pasada se realizó una reunión “rápida y muy introductoria” entre asesores, encabezada por un representante de la senadora Lucía Corpacci, presidenta de la Comisión de Salud. El encuentro tuvo como objetivo evacuar dudas técnicas y definir el procedimiento para recibir propuestas de modificación al texto aprobado en Diputados.

Según reconstruyó NA, la presidencia de la comisión se comprometió a analizar todas las sugerencias que se presenten durante la semana, pero siempre tomando como base el dictamen con media sanción. No obstante, no se fijó una nueva fecha para el próximo plenario, por lo que el tratamiento formal podría demorarse algunas semanas, tanto por el calendario electoral como por la necesidad de consensuar cambios.

Entre las modificaciones que podrían incorporarse se destacan las impulsadas por las senadoras Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Carolina Losada (Santa Fe). Por su parte, Carolina Moisés (Jujuy) busca flexibilizar los límites publicitarios, mientras que Lucila Crexell (Neuquén) pretende ajustar el artículo que obliga a las provincias a adherir a la normativa nacional.

Desde que Diputados giró el proyecto al Senado, el avance fue deliberadamente lento. La complejidad de los temas involucrados y la superposición con más de veinte iniciativas similares, varias de ellas promovidas por el propio kirchnerismo, contribuyeron a trabar su tratamiento.

En paralelo, la Iglesia católica mantiene un rol activo en la defensa del proyecto y en el reclamo de una regulación estricta. La vicepresidenta Victoria Villarruel, que mantiene un bajo perfil público, dio solo señales esporádicas de respaldo con algunos retuits a pronunciamientos del Episcopado, aunque desde la institución religiosa esperan un apoyo más contundente.

El artículo 8 del texto aprobado por Diputados prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y apuestas online en todas las plataformas digitales, redes sociales, medios de comunicación, espacios públicos y privados, e incluso en la indumentaria deportiva. Solo se permitirá la difusión dentro de casinos, bingos, hipódromos y agencias oficiales de lotería.

Además, el proyecto impide el acceso de menores de edad a las plataformas de apuestas y prohíbe la publicidad en camisetas de fútbol y espectáculos masivos. También fija penas de tres a ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de juego sin autorización de la jurisdicción correspondiente.

El carácter restrictivo de la norma genera debate sobre las competencias del Congreso frente a las provincias. Sin embargo, los impulsores sostienen que se trata de una cuestión de salud pública, ya que la ludopatía y las apuestas online se expanden con fuerza entre los jóvenes.

De acuerdo con distintos informes, 8 de cada 10 adolescentes accedieron o conocen a alguien que ingresó a sitios o aplicaciones de apuestas online en el último año, y el 37% lo hace con frecuencia o a diario.