Tras un extenso debate de más de diez horas, el Senado uruguayo aprobó este miércoles la Ley de Muerte Digna, convirtiendo al país en el primero de América Latina en legalizar la eutanasia.

El proyecto, impulsado principalmente por el Frente Amplio y acompañado por legisladores del Partido Colorado y del Partido Nacional, garantiza el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir” mediante la despenalización de la eutanasia para las personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que se encuentren en etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que sufran padecimientos considerados insoportables.

Según el texto aprobado, podrán acogerse a la ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales, así como los extranjeros con residencia habitual comprobable en el país.

El Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo máximo de 180 días para reglamentar la norma, tras su promulgación. Una vez reglamentada, se establecerá en un lapso no mayor a 90 días la Comisión Honoraria de Revisión, que estará presidida por el Ministerio de Salud Pública.

Dicho organismo tendrá la tarea de supervisar los procedimientos de eutanasia realizados bajo el marco de la nueva ley y elaborará un informe anual dirigido al Ministerio y a la Asamblea General.

La comisión estará integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, del Colegio Médico del Uruguay, de la Universidad de la República y de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Con esta histórica aprobación, Uruguay reafirma su posición de vanguardia en materia de derechos individuales y bioética, sumándose a un reducido grupo de países en el mundo que reconocen la eutanasia como un derecho legal y regulado.