El Gobierno promulgó este martes las leyes, una que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica en la Argentina por un año. Pero la aplicación de ambas quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional. Lo mismo sucedió hace un mes con la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En esta decisión primó el impacto fiscal que, considera el gobierno, traería a las cuentas del Estado.

La Ley de Financiamiento Universitario apunta a sostener del presupuesto universitario en todo el país, la actualización de los gastos de funcionamiento y la recomposición de los salarios del personal docente y no docente.

Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica, con el Hospital Garrahan como emblema, busca garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios de salud pediátrica; asegurar el funcionamiento de hospitales públicos de atención infantil; y fortalecer los sistemas de residencias médicas.

Entre sus puntos principales, establece la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial, así como la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud que atiende a la población pediátrica. Además, prevé la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen actividades críticas, horas extras y guardias en efectores públicos y privados.