El Gobierno nacional avanza con un proceso de modernización laboral y busca señales rápidas por parte de las principales cámaras empresariales, como la UIA y la de Comercio, para aprovechar las nuevas leyes que se pondrán en marcha. La iniciativa apunta a generar cambios estructurales en el sistema laboral argentino, con el objetivo de adaptar los convenios colectivos a las realidades productivas de cada región y empresa, y de reducir la alta informalidad que afecta al 43% de los trabajadores.

Uno de los ejes del proyecto es permitir convenios colectivos por regiones y poner fin a la llamada “ultraactividad”, mecanismo defendido por los sindicatos porque mantiene vigentes las condiciones de un convenio colectivo incluso después de vencido, hasta que se acuerde uno nuevo. Tras el triunfo electoral de 2025, el presidente Javier Milei insistió en que el país necesita una modernización laboral sin afectar los derechos de los trabajadores. En ese marco, el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, explicó que el nuevo esquema buscará implementar convenios por empresa en lugar de por actividad, ya que “no es lo mismo la estructura de una PyME que la de una multinacional”. Según precisó, el convenio por empresa establecería los beneficios mínimos, dejando abierta la posibilidad de que cada firma acuerde mejoras adicionales con los gremios.

La reforma también incluye una revisión de la jornada laboral y del régimen de horas extras. Si bien desde el Gobierno rechazaron de plano que se busque extenderla hasta doce horas, se analiza la incorporación del llamado “banco de horas”, un sistema que permitiría compensar las horas trabajadas como una cuenta corriente entre la empresa y el trabajador. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, negó que exista intención de aumentar las horas de trabajo y calificó esa versión como “un disparate”. En paralelo, se evalúa permitir que las vacaciones puedan dividirse, garantizando al menos una semana continua de descanso.

Otro punto central de la reforma será la vinculación entre productividad y salario. El nuevo esquema buscará reemplazar progresivamente las negociaciones paritarias tradicionales por un modelo que combine un piso salarial común con incrementos ligados al desempeño y la eficiencia de cada trabajador. Según el Gobierno, la intención es establecer parámetros objetivos que permitan reconocer la productividad individual y colectiva dentro de cada actividad.

El proyecto también introduce medidas orientadas a aliviar la carga financiera de las pequeñas y medianas empresas. Se prevé que las PyMEs puedan pagar indemnizaciones y multas derivadas de juicios laborales en hasta doce cuotas mensuales consecutivas. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que se busca evitar que una empresa quede fuera del mercado por no poder afrontar un juicio laboral.

Además, la reforma apunta a mejorar la sostenibilidad del sistema previsional, afectado por el crecimiento del trabajo independiente. Desde 2012, el empleo bajo la figura del monotributo aumentó un 42%, mientras que el empleo formal solo creció un 3% y el público un 34%. La diferencia de costos entre un empleado formal y uno independiente es abismal: un trabajador en relación de dependencia con un salario de dos millones de pesos representa un gasto anual de 6,5 millones para la empresa, mientras que un monotributista con la misma facturación aporta solo 218 mil pesos al sistema.

Según datos de la consultora Invecq, la Argentina tiene los costos de contratación más altos de la región, cercanos al 70%, superando levemente a Brasil. En tanto, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que el peso de las contribuciones patronales sobre el costo laboral fue del 21,2% en 2024, lo que ubica al país en el décimo lugar entre 39 naciones analizadas. En este contexto, el Gobierno apuesta a una reforma que promueva el empleo formal, mejore la competitividad de las empresas y genere un marco más flexible para la creación de puestos de trabajo.