El Juzgado Nacional en lo Comercial N° 29, a cargo del juez subrogante Federico Alberto Güerri, decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la compañía que elaboraba los yogures y postres de la marca SanCor. La resolución, firmada a fines de octubre, marca el cierre definitivo de la firma, que había sido considerada la “joya” del grupo Vicentin, tras el fracaso del intento de salvataje en el concurso preventivo iniciado en 2024.

La decisión judicial ordena la liquidación total de la empresa, la inhibición general de bienes, el embargo de fondos, el cierre de sus plantas industriales y la prohibición de salida del país para su presidente, Santiago Jesús Segovia Brun, quien deberá presentarse ante el tribunal el 11 de diciembre para brindar explicaciones.

El juez Güerri dispuso la quiebra luego de comprobar que ningún interesado se inscribió en el registro de salvataje previsto por la Ley de Concursos y Quiebras. Desde ahora, ARSA queda bajo la administración de la sindicatura Guillemi & Rosental, encargada de llevar adelante el proceso de liquidación.

La resolución, de más de 20 páginas, instruye al Banco Central a notificar el fallo a todas las entidades financieras y proveedores de servicios de pago, quienes deberán cerrar las cuentas bancarias y transferir los saldos al Banco Ciudad. Además, se ordena la intercepción de correspondencia y la clausura inmediata de los establecimientos industriales.

Las plantas afectadas son las de Arenaza (Buenos Aires) y Monte Cristo (Córdoba), junto con las oficinas administrativas ubicadas en Azara 841, Ciudad de Buenos Aires. El síndico fue designado oficial de justicia ad hoc, con facultades para incautar documentación contable, inventariar bienes, registrar fotografías y solicitar la intervención de la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de la medida.

El decreto también establece la inhabilitación definitiva de la sociedad y su administrador, así como la prohibición de salida del país hasta junio de 2026. Se dispuso la publicación de edictos en los boletines oficiales de la Nación, Buenos Aires y Córdoba, y se fijó como fecha límite el 9 de febrero de 2026 para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura.

En el expediente judicial consta un pasivo reconocido de $49.700 millones y garantías por otros $67.300 millones, vinculadas a la adquisición de activos de SanCor. La compañía había ingresado en concurso en marzo de 2024, pero el peso de las deudas, más de 540 cheques rechazados por $6.500 millones y la paralización total de las plantas precipitaron el desenlace.

De los más de 500 trabajadores que llegó a emplear ARSA, ninguno mantiene actividad efectiva desde mayo, y la mayoría quedó sin empleo ni indemnización. En Arenaza, una localidad de apenas 2.500 habitantes, el cierre de la planta dejó a la comunidad sin su principal fuente de trabajo y movimiento económico.

El juez Güerri también ordenó mantener la provisión de energía eléctrica por 30 días hábiles para permitir las diligencias de clausura, y solicitó copias de las actuaciones en el Juzgado de Lincoln, donde el gremio ATILRA denunció a la empresa por vaciamiento y defraudación.

Una “joya” que terminó en liquidación

ARSA nació en 2016, cuando Vicentin adquirió la división de yogures y postres de SanCor por unos u$s100 millones, con la expectativa de expandirse en el negocio lácteo. Sin embargo, la crisis financiera del grupo agroexportador arrastró también a su brazo alimentario, que terminó siendo gerenciado por Maralac, una sociedad venezolana que nunca logró estabilizar la operación.

En 2024 la compañía ingresó en concurso preventivo, argumentando caída del consumo interno y estrés financiero, pero la situación se agravó con los meses: la empresa acumuló deudas impagables y denuncias de vaciamiento, hasta que el 30 de octubre de 2025 el juez dictó la quiebra. Con ello, se cierra una etapa marcada por default, pasivos millonarios y desinterés inversor, y se confirma la liquidación definitiva de los activos.

En tanto, al colapso de ARSA se suma al conflicto que enfrenta La Suipachense, otra láctea controlada por el mismo grupo venezolano Maralac, que emplea a unos 140 trabajadores y atraviesa una crisis severa con más de 1.000 cheques rechazados por más de $8.500 millones, atrasos salariales y nula producción. En su momento de mayor actividad procesaba hasta 250.000 litros diarios de leche.