La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) expresó un fuerte rechazo al documento preliminar de reforma educativa que en los últimos días comenzó a circular en algunos medios bajo el nombre de “Ley de Libertad Educativa”. La organización sindical advirtió que el texto representa “un verdadero ataque al sistema democrático” y denunció que sus lineamientos ponen en riesgo la educación pública, la garantía estatal del derecho a la educación y los derechos laborales conquistados por el sector docente.
Según señaló CTERA, el proyecto busca derogar la Ley de Educación Nacional N° 26.206, aprobada en 2006 después de un proceso amplio y plural que definió a la educación como un derecho social y al conocimiento como un bien público. La entidad sostiene que la iniciativa propuesta “desconoce e ignora” aquel consenso y pretende reemplazarlo por un modelo que “responde a los intereses de corporaciones empresariales del sector privado más concentrado”, redefiniendo la educación como un servicio y priorizando la libertad individual por encima del interés colectivo.
La conducción sindical advirtió además que el borrador promueve un rol subsidiario del Estado en materia educativa, eliminando su responsabilidad como garante principal del derecho a la educación y del financiamiento integral del sistema. En ese sentido, alertó que la propuesta dejaría sin efecto artículos centrales de la LEN, entre ellos el que asegura un piso de inversión equivalente al 6% del PBI y aquel que impide firmar tratados comerciales que conciban la educación como un servicio lucrativo.
CTERA también cuestionó que el proyecto impulse un esquema de financiamiento basado en la demanda —como el sistema de vouchers para familias que envíen a sus hijos a escuelas privadas— y consideró que esto profundizaría las desigualdades. Asimismo, rechazó la incorporación de la educación religiosa confesional en las escuelas públicas y la promoción del homeschooling por considerarlo un retroceso en términos de socialización, igualdad y justicia social.
Otro de los puntos más preocupantes, según la organización, es la declaración de la educación general básica como “servicio esencial”, lo que implicaría limitar el derecho a huelga. CTERA señaló que la iniciativa también pretende imponer evaluaciones estandarizadas al final de los niveles primario y secundario, así como un sistema punitivo de evaluación docente basado en criterios meritocráticos.
Para la confederación, el documento representa “un nuevo intento de avanzar con la privatización y destrucción de la educación pública”, y constituye “un retroceso reaccionario que pretende llevar al país educativamente al siglo XIX”. Por ello, la entidad advirtió que se mantendrá en alerta y continuará denunciando públicamente cualquier iniciativa que, a su entender, atente contra el derecho social a la educación y los principios que sustentan el sistema educativo público argentino.