Tras la aprobación del proyecto en el concejo rosarino del edil Leonardo Caruana de alivio fiscal a Instituciones para Personas que trabajan con Discapacidad, la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad, solicita que la medida se ponga en marcha.
La pelea de fondo para los sectores que trabajan con personas con discapacidad es que se ponga en funcionamiento la Ley de Emergencia para el sector. Una norma aprobada en el Congreso Nacional y que pasó también el filtro del veto presidencial. Sin embargo, sigue sin implementarse.
En ese marco, se buscan paliativos para “seguir subsistiendo” para sectores que transitan “tiempos difíciles”. Puntualmente es el caso de instituciones en Santa Fe donde, según la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (APRIDIS), “nn un mes muy difícil, en el que lamentablemente asistimos al cierre de varias instituciones”, disparó Mariel Chapero, presidenta del organismo.
Por dicha situación, APRIDIS piden que el Concejo Municipal pueda aprobar la iniciativa de los concejales Norma López y Mariano Romero, que propone la creación del Boleto Gratuito del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) destinado a trabajadoras y trabajadores de instituciones que brindan servicios en el área de discapacidad.
La iniciativa busca aliviar el impacto económico que atraviesa el sector, producto de la crisis generada por el gobierno de Javier Milei, y garantizar la continuidad de tareas esenciales vinculadas a la atención, acompañamiento y rehabilitación de personas con discapacidad.
Recordemos que el cuerpo legislativo de la ciudad viene de aprobar en forma reciente el proyecto presentado por Leonardo Caruana que aporta alivio fiscal a instituciones categorizadas para el trabajo con personas con discapacidad.
Dicho expediente del edil caruana refiere a brindar alivio fiscal urgente a instituciones que prestan servicios a personas con discapacidad (centros de día, educativos, etc.) debido a la crisis del sector, proponiendo exenciones y condonaciones de impuestos como el DREI y TGI para garantizar la continuidad de terapias y apoyos esenciales.
Para Chapero: “Esto constituye un gesto que claramente no resuelve la emergencia, pero aporta un alivio a instituciones que tenemos deudas tributarias por la crisis que atraviesa el sector”.
Ahora bien, desde APRIDIS van por más y ahora le piden al Concejo local se apruebe el proyecto de Lopez y Romero.
“Los gobiernos municipales y provinciales también son responsables de aportar las condiciones para que el sistema de prestaciones para personas con discapacidad subsista. Se ha logrado uno de los pedidos. Esperamos que el concejo municipal siga asumiendo la responsabilidad que le compete a la hora de dar respuestas a necesidades del sector”, remarcó Chapero.