La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) anunció este martes un paro nacional de 24 horas que podría afectar el normal funcionamiento del complejo agroexportador del Gran Rosario. La medida se enmarca en el plan de lucha que los gremios llevan adelante contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.

La huelga se realizará el jueves 18 de diciembre en todo el país y contará además con el respaldo a la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), en rechazo a una de las iniciativas incluidas en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso.

Desde la federación cuestionaron con dureza el proyecto oficial. “Cada uno de los 191 artículos está orientado a quitarnos derechos, impedir la organización sindical y limitar la capacidad de lucha de los trabajadores”, señalaron. En ese sentido, advirtieron que la denominada modernización laboral busca “fortalecer la posición de las patronales y debilitar la de quienes trabajan”.

Cruce con la industria aceitera

Tras el anuncio, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) rechazó la medida de fuerza y se manifestó sorprendida por la decisión sindical. “No existen razones objetivas para decretar un paro”, afirmaron voceros de la entidad.

Desde el sector empresarial anticiparon que intentarán revertir el cese de actividades y consideraron que la protesta responde a “motivaciones políticas ajenas a la industria”. En ese marco, advirtieron que se adoptarán “todas las medidas previstas por la ley”.

Ciara subrayó además que la huelga se lanzó “sin que exista un solo reclamo gremial pendiente” y recordó que en la última negociación paritaria se acordó la paz social hasta mediados de 2026.

Los ejes del rechazo sindical

La FTCIODyARA sostuvo que la reforma laboral implica un “ataque en tres niveles” contra los derechos de los trabajadores. En primer lugar, alertó sobre cambios en la negociación colectiva que, según el gremio, buscan debilitar los convenios por actividad y promover acuerdos por empresa, fragmentando al colectivo obrero.

También advirtió sobre una fuerte restricción al derecho de huelga, al ampliar la definición de servicios esenciales y exigir la prestación de servicios mínimos de entre el 50 y el 75 por ciento, lo que —según los sindicatos— implicaría una prohibición de hecho.

En segundo término, rechazaron la creación de un fondo de asistencia laboral y la reducción de aportes a la seguridad social, al considerar que representan una “transferencia de miles de millones de dólares desde los trabajadores al capital privado”. “Esto significa más hambre para los jubilados, mayor facilidad para despedir y menores indemnizaciones”, afirmaron.

Por último, cuestionaron los cambios en la ley de contrato de trabajo y otras normativas, al entender que profundizan el disciplinamiento laboral. En ese punto, señalaron el banco de horas como una herramienta que beneficia exclusivamente a las patronales, al eliminar el pago de horas extra.