La región patagónica atraviesa un verano marcado por la reincidencia de incendios forestales en áreas de altísimo valor ecológico y paisajístico. El fenómeno, lejos de ser percibido únicamente como una consecuencia del cambio climático, ha reavivado un intenso debate sobre la intencionalidad de los focos y los intereses económicos detrás de las cenizas.

La recurrencia de siniestros en zonas lacustres como Lago Puelo, Cholila, Epuyén y Lago Escondido sugiere un patrón donde el fuego parece actuar como un agente de limpieza para la posterior urbanización de tierras anteriormente protegidas.

La interpretación crítica que domina el discurso de organizaciones ambientales y sectores de la opinión pública señala que la concentración de incendios alrededor de lagos no es casual. Estas áreas, codiciadas por su potencial para desarrollos inmobiliarios de lujo y complejos turísticos de élite, suelen estar resguardadas por leyes que impiden el desmonte de bosque nativo.

Sin embargo, una vez que el ecosistema es degradado por el fuego, se generan las condiciones fácticas para presionar por un cambio en el uso del suelo, permitiendo loteos que multiplican el valor comercial de la hectárea.

Esta dinámica se ve potenciada por el uso de acelerantes en focos que la justicia ha señalado como intencionales. El concepto de “acumulación por desposesión” cobra fuerza en este contexto: el fuego elimina el obstáculo biológico y legal (el bosque vivo), facilitando la transferencia de recursos comunes a manos de inversores privados, tanto nacionales como extranjeros.

Desregulación legal y políticas contra el desincentivo

El escenario político actual bajo la administración de Javier Milei ha introducido variables que, para los especialistas, funcionan como incentivos perversos. El impulso gubernamental para derogar las modificaciones de 2020 a la Ley de Manejo del Fuego elimina la prohibición de modificar el uso productivo de tierras incendiadas por lapsos de 30 a 60 años. Esta normativa buscaba precisamente quitarle valor inmobiliario al suelo quemado para evitar que el incendio fuera un negocio.

A este cambio se suma la liberalización de la compra de tierras a extranjeros mediante la eliminación de los límites impuestos por la Ley de Tierras y la flexibilización de la Ley de Bosques. El combo legislativo crea un ecosistema jurídico donde el capital transnacional y las desarrolladoras encuentran menos barreras para adquirir y urbanizar áreas sensibles, transformando la Patagonia en un mercado de tierras sin las restricciones ambientales históricas.

El desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego

En paralelo a la desregulación legal, el sistema de respuesta ante emergencias atraviesa una crisis presupuestaria sin precedentes. Los datos de ejecución real durante 2024 mostraron una caída del 81% respecto al año anterior, y las proyecciones para este 2026 indican una reducción que oscila entre el 70% y el 78% en términos reales. La subejecución sistemática de fondos destinados a la prevención y el combate del fuego deja a las provincias patagónicas con menos recursos operativos, brigadistas y medios aéreos.

La combinación de un estado que retira su capacidad de respuesta operativa y, al mismo tiempo, habilita legalmente el aprovechamiento económico post-incendio, configura lo que muchos sectores denominan un proyecto político-económico de entrega territorial. La protección ambiental y la soberanía sobre los recursos naturales parecen quedar relegadas frente a una lógica de mercado que prioriza el extractivismo inmobiliario sobre la preservación de los bosques nativos de la Argentina.