En una sesión atravesada por la tensión política tras los violentos incidentes registrados el día anterior en el marco de las protestas por la reforma laboral, el Gobierno consiguió dos victorias clave en la Cámara de Diputados: la aprobación de la nueva ley penal juvenil, que baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El oficialismo logró imponerse primero con el régimen penal juvenil, que obtuvo 149 votos afirmativos contra 100 negativos. En contra se alinearon la totalidad de Unión por la Patria, los cuatro diputados de izquierda, los tres catamarqueños que responden a Raúl Jalil y la cordobesa Natalia de la Sota.

En cambio, la ratificación del tratado comercial mostró un respaldo mucho más amplio: 203 legisladores votaron a favor, 42 en contra y se registraron cuatro abstenciones. El dato político sobresaliente fue la división interna de Unión por la Patria. De los integrantes del bloque, 43 acompañaron la iniciativa oficial, 38 —entre ellos el kirchnerismo duro, La Cámpora y el sector referenciado en Juan Grabois— votaron en contra junto a la izquierda, mientras que otros cuatro se abstuvieron.

Llamó la atención la decisión del titular del bloque, Germán Martínez, quien en votaciones de este tipo suele optar por la abstención cuando la bancada aparece fragmentada, pero esta vez acompañó la postura del oficialismo.

Régimen Penal Juvenil

Con media sanción de Diputados, el proyecto que establece el nuevo régimen penal juvenil deberá ser tratado ahora por el Senado. Según fuentes parlamentarias, podría debatirse en una sesión prevista para el 26 de febrero.

La iniciativa propone reformar la normativa vigente desde la última dictadura y fija, entre otros puntos, penas de hasta 15 años de prisión, además de sanciones alternativas bajo un criterio de gradualidad. Queda expresamente descartada la prisión perpetua para menores de entre 14 y 17 años, y se establece que quienes sean privados de su libertad deberán cumplir la pena en establecimientos específicos, separados de adultos.

Para delitos con penas menores a tres años no se prevé prisión. En casos con condenas de entre tres y diez años que no hayan ocasionado muerte o lesiones graves, se priorizan medidas con enfoque social y educativo.

La presidenta de la comisión de Legislación Penal y miembro informante del dictamen de mayoría, Laura Rodríguez Machado, sostuvo que la intención no es “amontonar menores privados de la libertad en establecimientos”, sino “resocializarlos”. Según planteó, el régimen actual permite la adopción de medidas restrictivas imprecisas y requiere actualización.

Desde la oposición, la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz cuestionó con dureza a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por impulsar —según dijo— una “campaña de marketing” basada en la consigna “delito de adulto, pena de adulto”.

“Este problema no se soluciona con consignas de marketing ni cambiando la edad de punibilidad cada 24 horas como si fuera un juego de póker, sino con responsabilidad política”, afirmó.

Acuerdo Mercosur–Unión Europea

El tratado comercial ratificado por Diputados consta de más de 5.000 páginas y prevé la eliminación de aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur, además de la reducción de barreras para bienes industriales y tecnológicos provenientes de Europa.

El acuerdo fue firmado el 17 de enero en Asunción, Paraguay —país que ejerce la presidencia pro tempore del bloque—, en un acto encabezado por el presidente Javier Milei junto a sus pares de Paraguay y Uruguay. El mandatario brasileño no participó de la ceremonia.

Sin embargo, el tratado aún no puede implementarse. El Parlamento Europeo resolvió que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea revise su contenido para analizar su impacto antes de decidir sobre su entrada en vigencia. El proceso podría extenderse durante varios meses o incluso hasta dos años, aunque no se descarta una aplicación provisoria por parte de la Comisión Europea.

El debate volvió a exponer divisiones dentro del peronismo. El diputado Santiago Cafiero expresó su rechazo al acuerdo al advertir que no garantiza un acceso real a los mercados europeos y que las barreras paraarancelarias podrían funcionar como obstáculos para la producción agropecuaria. En cambio, Agustín Rossi se pronunció a favor al considerar que el tratado fortalece al Mercosur y lo consolida como actor económico internacional.

Desde el oficialismo, la presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, defendió la ratificación al señalar que el acuerdo constituye “una señal clara” en favor de la apertura y la integración al mundo.

“Estamos ratificando un rumbo. Argentina eligió la apertura, la competencia y la integración. Eso no implica desproteger a los sectores sensibles, sino darles herramientas para competir”, afirmó, y agregó que “la historia demostró que el aislamiento no genera desarrollo productivo”.