La irregularidad en el pago de créditos al sector privado volvió a encender las alertas del sistema financiero tras cerrar el 2025 con un índice general de morosidad del 5,5%, confirmando una tendencia ascendente sostenida.

En base a los datos oficiales del Banco Central (BCRA), el deterioro es asimétrico y golpea con mayor crudeza a los hogares: mientras que el ratio de irregularidad en las empresas se ubicó en un moderado 2,5%, la mora en los préstamos a las personas físicas trepó al 9,3%.

El impacto en las familias y el consumo

El aumento de los problemas para afrontar los compromisos financieros está impulsado principalmente por el retraso en el pago de créditos personales y prendarios. A lo largo del año pasado, el financiamiento a las familias ganó un fuerte peso dentro del balance de los bancos, pero esa misma expansión elevó significativamente la exposición al riesgo.

Alerta roja en el sistema no bancario

Si bien los especialistas del BCRA señalan que el nivel de mora dentro de las entidades bancarias tradicionales todavía se ubica por debajo de los picos observados en grandes crisis anteriores, el panorama cambia drásticamente fuera del circuito formal.

En las entidades no bancarias (como cooperativas, mutuales o financieras de crédito para el consumo), la situación reviste una gravedad mayor: el índice de irregularidad en los pagos alcanza un alarmante 22,8%, afectando a los sectores más vulnerables de la población que no acceden al sistema bancarizado.

Cambio en el modelo financiero

Esta suba en la morosidad se da en el marco de un profundo cambio de época para los balances de los bancos, impulsado por la gestión económica de Javier Milei.

Actualmente, el crédito a empresas y familias pasó a representar el 43,9% del activo total de las entidades financieras, desplazando al financiamiento al sector público (Leliqs, pases y bonos del Tesoro), que había sido la principal vía de rentabilidad del sistema durante el gobierno de Alberto Fernández.