El concejal socialista Federico Lifschitz presentó un proyecto en el Concejo Municipal de Rosario para suspender durante dos años todas las penalidades contempladas en el Código de Convivencia contra conductores de aplicaciones no registradas como Uber y DiDi.

La iniciativa ingresó al Palacio Vasallo en medio de un debate que atraviesa al sector taxista respecto de la posibilidad de aplicar un aumento del 30% en la tarifa. Esa discusión generó tensiones en la comisión de Servicios Públicos y dividió posiciones dentro del propio sector: mientras algunos sostienen que la suba es necesaria para afrontar los costos del servicio regulado, otros advierten que un nuevo incremento podría ahuyentar pasajeros.

En ese contexto, Lifschitz planteó la necesidad de adecuar la normativa a la realidad actual del transporte urbano. “Pedimos suspender por dos años todas las penalidades previstas por el Código de Convivencia para que el Estado no sancione a ningún conductor de Uber o Didi. De esta forma, los usuarios podrán viajar con total tranquilidad sabiendo que la Municipalidad no va a controlar ni sancionar al conductor”, sostuvo el edil.

Según explicó, la suspensión no implicaría una desregulación total: los choferes deberán contar con verificación técnica vehicular, seguro vigente y licencia de conducir habilitante. Fuera de esas exigencias básicas, no podrían aplicarse sanciones municipales.

El concejal argumentó además que la medida también es reclamada por parte de los propios taxistas como una forma de ampliar la oferta y recuperar viajes en un escenario donde las aplicaciones continúan ganando terreno entre los rosarinos.

Mientras el debate por la tarifa sigue abierto, la propuesta suma un nuevo capítulo a la discusión sobre la regulación del transporte por aplicaciones y el rol del Estado frente a un servicio que, pese a no estar formalmente habilitado, es utilizado a diario por miles de usuarios en la ciudad.