En una jornada histórica que refuerza el carácter federal de la organización, la Asamblea General Extraordinaria realizada este jueves en la delegación de Puerto General San Martín aprobó por unanimidad un mandato determinante para la defensa de los trabajadores marítimos y fluviales.

De manera unánime, la Asamblea facultó a la Comisión Directiva Central a adoptar todas las medidas de acción directa que resulten necesarias. Asimismo, se autorizó la adhesión a las medidas de fuerza que dispongan entidades como la CGT, la CATT, la FeMPINRA y la FeSiMaF, con el fin de garantizar la protección de los derechos laborales y el normal funcionamiento de las instituciones gremiales.

Tras las masivas movilizaciones en Córdoba, Rosario y Buenos Aires junto al Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), previas a la sanción de la Reforma Laboral en el Congreso, la conducción gremial delineó los pasos a seguir. Ante la imposibilidad de frenar la ley y la falta de convocatoria al diálogo por parte del Gobierno, el sindicato ratificó un plan de lucha integral que combina la vía judicial y administrativa con la huelga y la presencia en las calles como herramientas fundamentales.

El Secretario General, Capitán Mariano Moreno, fue tajante al responder a los sectores agroexportadores que acusan a los gremios de intransigencia: “Para que haya diálogo tiene que haber una contraparte dispuesta. Este Gobierno jamás nos abrió las puertas. Los empresarios, que seguramente llevaron el borrador de esta ley, imponen barbaridades en lugar de debatir”, disparó.

Además, el dirigente desarmó el discurso oficial sobre las pérdidas económicas generadas por las huelgas: “Dicen que Argentina perdió 600 millones de dólares por día de paro. Si eso es lo que se pierde, quiere decir que cuando el trabajador no para, genera esa inmensa ganancia. Necesitan de los trabajadores para producir esa riqueza, pero quieren trabajadores que rindan y que, además, sean explotados”.

Advertencia inminente a las Cámaras

Moreno lanzó una advertencia directa a los empresarios, particularmente a los sectores de la pesca y la agroexportación, tras denunciar la maniobra que deja al personal embarcado sin el amparo de la justicia laboral. El dirigente calificó como un “golpe letal” la exclusión de los marinos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), una medida que, según reveló, fue fogoneada por abogados de las cámaras empresarias.

“Si no afecta y no cambia nada como dicen ellos, ¿para qué lo pusieron?”, cuestionó con ironía. La advertencia de un conflicto mayor quedó sobre la mesa al señalar que el gremio no aceptará quedar atado únicamente a la Ley de Navegación (20.094), la cual establece indemnizaciones irrisorias de apenas 10 días de salario básico. “Este plan de lucha es inmediato. Si no hay un cambio de rumbo para con los trabajadores, es inevitable que esto se profundice. Que esta gente sepa que no nos vamos a rendir”, sentenció Moreno.

Desde el sindicato dejaron en claro que cualquier intento de aplicar este nuevo esquema de “despidos baratos” o de reducir las tripulaciones —una maniobra que buscaría eliminar el 50% del personal a bordo— disparará una parálisis total en la actividad portuaria y fluvial.

“Ya lo vivimos y estamos preparados”

Sobre el cierre de la asamblea, Moreno trazó un paralelismo histórico, comparando la actual política laboral con la dictadura militar, el menemismo y el gobierno de Macri: “Esta intención de destruir el mundo del trabajo ya se practicó tres veces. Estamos preparados para la lucha. Desde diciembre de 2023, nuestras energías solo se han gastado en tratar de evitar los daños que este Gobierno le dispensa a los trabajadores”, concluyó.

La convocatoria contó con un fuerte respaldo de delegaciones de gremios hermanos como el SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos), el Sindicato de la Marina Mercante, el Siconara (Conductores Navales), Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y el Sindicato de Serenos de Buques, quienes acompañaron el reclamo contra la reforma laboral y la defensa de la soberanía portuaria.