El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo advierte sobre las graves consecuencias que el nuevo esquema podría traer a las pymes de la flota fresquera. Destacan que la pesca mantiene un fuerte componente artesanal y que el cuidado del recurso depende de los trabajadores, por lo que resulta indispensable integrarlos en la toma de decisiones.

En el marco de la discusión sobre la cuotificación de la pesquería del langostino, los trabajadores expresan su profunda preocupación ante el avance de una nueva regulación. Desde el sector advierten que, de no contemplarse la realidad operativa de la actividad, las nuevas condiciones podrían concentrar el mercado y dejar a las pymes fuera de carrera, afectando a miles de trabajadores.

Argentina viene atravesando un período de constantes debates regulatorios. Cabe recordar que, en enero de 2024, tras la fuerte presión de los sindicatos, gobernadores patagónicos, el entonces intendente de Mar del Plata y el sector empresario pesquero, se logró retirar el capítulo que buscaba liberar la Zona Económica Exclusiva y flexibilizar la descarga en puertos argentinos. La ofensiva continuó con el DNU 340/23, que habilitaba a buques extranjeros a realizar transporte de carga y pesca entre puertos argentinos con permisos renovables, y flexibiliza la contratación de personal. Además, se intentó cerrar la Escuela Nacional de Pesca Comandante “Luis Piedra Buena”, cuya continuidad logró sostenerse gracias al firme reclamo de los trabajadores.

Más recientemente, por pedido expreso de la Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina, el Gobierno incorporó en la Ley de Modernización Laboral un artículo que modifica la Ley de Contrato de Trabajo, excluyendo a todo el personal embarcado de las garantías mínimas de derechos y de la posibilidad de contar con un fuero laboral.

La preocupación por el empleo y las PyMES

Frente a la inminente cuotificación de la especie, el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Capitán Mariano Moreno, subrayó la necesidad de integrar a los gremios en la discusión: “La pesca es una labor profundamente artesanal y la sustentabilidad del recurso depende, en el día a día, de los trabajadores. Por eso debemos ser actores fundamentales a la hora de establecer nuevos criterios de administración”.

El dirigente advirtió sobre las consecuencias no deseadas del nuevo esquema: “El objetivo de ´pescar mejor y no más´ es válido, pero si no se planifica correctamente, suele traducirse en menos días de navegación y en la concentración de la captura en barcos congeladores tecnificados. Esto pone en serio riesgo el empleo en la flota fresquera y en las plantas de procesamiento en tierra”.

Para el Capitán, la implementación de cuotas afectaría a miles de trabajadores de pequeñas empresas que cuentan con embarcaciones fresqueras de porte menor que, bajo las actuales medidas de administración hoy pueden acceder a capturas aceptables durante la temporada de pesca de langostino.

Este segmento, conformado por más de 100 embarcaciones menores (en su mayoría PyMES) que hoy acceden a capturas aceptables, sufriría el mayor impacto. Aunque a cada empresa le corresponda una asignación, la cuotificación podría representar una reducción del 50% de sus capturas actuales, lo que traería como consecuencia el cierre de firmas familiares y un duro golpe a la pesca artesanal.

“Tenemos claro que el salario está atado a la producción. Una cuota reducida para una pyme es directamente una reducción salarial para el capitán y su tripulación. Los trabajadores deben ser parte de la discusión porque son la fuerza que sostiene a esta industria”, enfatizó Moreno.

Descarte y “High-Grading”

Si bien el INIDEP asegura tener establecido el valor de la Captura Biológicamente Aceptable (CBA) anual y desde el Gobierno afirman que la cuota protege el recurso, la experiencia internacional en especies de alto valor como el langostino demuestra lo contrario.

“Hay interrogantes sobre cómo se va a controlar o qué herramientas se usarán para evitar el descarte. Si un barco tiene una cuota limitada, el capitán se ve presionado a traer solo el langostino de mayor tamaño (L1 o L2), que es el que mejor se paga, mientras que el de menor tamaño será considerado por los armadores como descarte”, aseguró Moreno.

“Para que la cuotificación sea verdaderamente sustentable, se necesita un nivel de fiscalización —con observadores a bordo, cámaras y controles en puerto— que hoy la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca no parece estar en condiciones de garantizar de manera uniforme. Por eso insistimos en que las reglas de juego deben definirse escuchando a los trabajadores”, concluyó.